Denes Martos
La Plutocracia
El control del Estado por el dinero
Buenos Aires - Diciembre 2000
INDICE
Plutocracia: controlar al Estado.
Durante la década 1986/1996 el sistema democrático se extendió con sorprendente velocidad por el mundo entero. En ese período, el porcentaje de los países considerados democráticos creció de un 42% a un 61% . Hacia fines de la década del '90, 117 países — de un total de 191 — se consideraban gobernados democráticamente.
Entre esas 117 democracias figuraban los 24 países de Europa Occidental y 31 de los 35 países de América. En Europa Oriental y la ex-Unión Soviética había 19 democracias entre 27 países. En la región asiática y la zona del Pacífico, aproximadamente el 50% de los 52 gobiernos existentes era democrático. África, con 53 países y sólo 18 democracias ofrecía todavía la excepción a la regla. (1)
Sería realmente ingenuo — por decir lo menos — suponer que este fenómeno obedeció a una especie de generación espontánea y que, debido a una tan misteriosa como inexplicable convergencia, de pronto un vasto conjunto de países optó por un determinado sistema de gobierno — abandonando en muchos casos décadas de tendencias antidemocráticas o, al menos, restringidamente democráticas. Suponer que la democratización respondió primariamente a los procesos internos de cada país; sustentar la tesis de que las influencias externas e internacionales jugaron solamente un papel secundario en el proceso; imaginar una especie de evolución natural hacia el "fin de la Historia" en dónde la democracia capitalista es la etapa última del desarrollo político-social; todo ello podría ser interesante material de especulación intelectual pero no se condice, en absoluto, con lo que la praxis política y los datos de la realidad enseñan de un modo palmario. De hecho, lo primero que llama la atención es que esta súbita expansión de un determinado régimen político coincide, en líneas generales, bastante bien con la no menos súbita propagación de la globalización y las privatizaciones.
Si se toman los 16 años que van de 1974 a 1990, se puede hacer una interesante cronología de la oleada neoliberal o el "tsunami democrático" como lo llama Paul W. Drake quien ha estudiado el fenómeno con bastante detalle (2). La oleada comienza en Europa, se extiende por América Latina y termina en las playas de Rusia, aproximadamente en la siguiente secuencia:
Año | Países involucrados |
1974 | Grecia y Portugal |
1976 | España |
1979 | Ecuador |
1980 | Perú |
1982 | Honduras y Bolivia |
1983 | Argentina, Turquía y Granada |
1984 | El Salvador y Uruguay |
1985 | Brasil y Guatemala |
1986 | Filipinas |
1987 | Corea del Sur |
1988 | Paquistán |
1989 | Paraguay, Taiwan, Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Panamá, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania y Albania |
1990 | Yugoslavia, Rusia, Letonia, Estonia, Lituania, Mongolia, Chile, Nicaragua y Haití |
La lista de Drake, por supuesto, no es perfecta y su autor tampoco lo niega. De hecho, si la democratización de Nicaragua tuvo lugar en 1990 o ya en 1984 con el gobierno sandinista, es algo sobre lo cual muchas personas todavía discuten. Faltan, además, los países africanos. Aun cuando entre ellos sólo puedan hoy encontrarse 18 democracias entre 53 países, eso no quiere decir que el continente africano ha quedado totalmente libre de la presión democratizadora. Así y todo, la tabla da una muy buena idea de lo que sucedió y obliga a reflexionar seriamente acerca de las causas.
Analizando el proceso en detalle, se descubren muy pronto varias de ellas que, en conjunto, explican bastante bien lo sucedido.
Coincidiendo con los procesos de globalización y privatización, existen motivos económicos de peso que han presionado hacia una paulatina liberalización. Entre las causas económicas más relevantes pueden señalarse:
- Crecimiento: el aumento de la población mundial y la progresiva complejidad de todo el ámbito económico general — desde las finanzas hasta los métodos de producción y distribución — generaron sociedades mucho más difíciles de controlar. Los típicos pequeños dictatorzuelos latinoamericanos, muchas veces sustentados solamente por una oligarquía local económicamente activa pero numéricamente muy poco significativa, no consiguieron generar alternativas políticas que permitiesen controlar la nueva situación. Recuérdese, por ejemplo, como en la Argentina todos los golpes militares terminaron, al final, en una "salida electoral" por la incapacidad de sus protagonistas para concretar la revolución social y política que, originariamente, los había justificado.
- Tecnología: la dificultad de control se vio aumentada aún más por las posibilidades de las nuevas formas de comunicación. Empezando por el Fax, pasando por las posibilidades de las computadoras personales y la Internet, para terminar en el llamado "efecto CNN"; las posibilidades de "adoctrinamiento" a gran escala y las influencias de la intelligentsia neoliberal a nivel internacional aumentaron de un modo casi exponencial. Frente a ello, los regímenes antiliberales no desarrollaron respuestas adecuadas, ni supieron hacer tampoco un uso efectivo de las nuevas posibilidades.
- Crisis económicas: en un mundo en donde casi siempre lo económico predomina sobre lo político, es inevitable que las crisis económicas arrastren consigo — al menos hasta cierto punto — a los regímenes políticos. El descontento generado en la población por los padecimientos que causa la crisis económica encuentra en el estamento político un chivo emisario bastante apropiado (y muchas veces merecido). De esta manera, en América Latina las crisis económicas impulsaron cambios institucionales en los cuales el régimen de turno resultaba suplantado por su versión opuesta del espectro político: después de la crisis de 1930 se debilitaron los regímenes democráticos; después de la de 1982 cayeron en desgracia los antidemocráticos. El fenómeno es observable también a escala mundial: la primera crisis petrolera de 1973/1974 arrastró consigo los gobiernos de Portugal, Grecia, España, Filipinas, Brasil, Uruguay y Chile; la segunda crisis de 1979 también afectó a varios regímenes.
- Deuda externa: La recesión de 1981 disparó, adicionalmente, el agravamiento de las deudas externas. Cuando los EE.UU. decidieron implementar políticas anti-inflacionarias e hicieron subir las tasas de interés, los países endeudados quedaron prácticamente a merced de sus acreedores. Esto significó el descrédito político en los gobiernos que habían contraído las deudas; provocó el descontento generalizado de vastos sectores sociales, incluyendo a las clases medias; descolocó a los políticos diletantes, civiles y militares, cuyos discursos se agotaban en frases hechas y promesas demagógicas, sin proyectos políticos concretos y viables; y, finalmente, expuso en toda su crudeza la magnitud de los problemas políticos de fondo para los cuales la izquierda utópica se quedó sin respuestas convincentes. Esto generó una degradación del discurso político llevándolo al terreno de lo material, lo inmediato y lo pedestre. En la Argentina basta con recordar como en 1983 Raul Alfonsín ganó una elección reiterando hasta el cansancio aquello de "con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se vive" para darse cuenta de hasta qué nivel de cuestiones elementales llegó a caer la discusión política.
- Globalización: El efecto general que este proceso tuvo sobre los Estados ya ha sido indicado en capítulos anteriores. Baste con señalar aquí que la soberanía política se convirtió en ahuyentadora de inversiones. En un entorno internacional fuertemente endeudado y con capitales que podían elegir libremente su destino, resultó obvio que los grandes inversores elegirían regímenes que no tuvieran el estricto control del capital en sus agendas. Este requisito fue fuertemente apoyado — y hasta exigido — por poderosas instituciones financieras tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EE.UU.
El nuevo Imperio
Pero las fuerzas que impulsaron la oleada liberal no se agotaron en lo económico. Durante los últimos 30 o 40 años, toda una serie de tendencias estratégicas, geopolíticas e ideológicas ha estado apuntando en forma sistemática hacia un universalismo progresivo, vagamente indicado por los neologismo genéricos de "unmundismo" y "globalización". Durante la segunda mitad del Siglo XX todos los mayores actores de la política internacional evolucionaron — bien que quizás con diferentes motivaciones — hacia este objetivo. Tanto los Estados Unidos como Europa, la Unión Soviética y hasta el Vaticano coincidieron en aceptar en principio alguna u otra forma de "globalización".
Dentro de este esquema, el sistema democrático resultó ser — de lejos — el más flexible, el más moldeable y, en una palabra, el más viable a escala universal. Debido a que era — también de lejos — el mejor financiado y el militarmente mejor equipado, el proceso desembocó por último en el nuevo "imperium" de la democracia liberal como régimen político universal, requerido y exigido por la voluntad hegemónica norteamericana.
Hay varias causas concurrentes que justifican esta interpretación:
- "Occidentoxicación": Es innegable que la oleada democrática afectó primero y principalmente a los países más cercanos a lo que en forma genérica se ha dado en llamar "Mundo Occidental". La democratización ha tenido bastante menos éxito e intensidad en Asia, África y Medio Oriente que en el resto del mundo en donde — principalmente en los países islámicos — hay una resistencia mucho mayor a dejar que se "intoxiquen" con prácticas occidentales ciertos valores de una cultura tradicional de contenidos fuertemente diferentes. En estos países ha sido posible cierto grado de occidentalización alrededor de productos de consumo masivo como Coca Cola, McDonald's, el rock and roll y hasta la CNN. Pero la democracia liberal no figura en el Corán, ni en los ritos tradicionales africanos, ni en la interpretación china del socialismo y su influencia es percibida en muchos lugares más como una "occidentoxicación" que como una propuesta aceptable y viable. El radio de influencia de los principios jurídicos y filosóficos de la democracia liberal ha quedado, pues, bastante limitado al ámbito de influencia norteamericano y de sus socios europeos lo cual indica que su centro de irradiación debe buscarse en esta zona.
- Política exterior norteamericana: Efectivamente, EE.UU. mandó señales muy concretas de que la política exterior norteamericana post-guerra fría se orientaba a la democratización en forma irreversible. En realidad, seamos sinceros: nunca hubo golpes de Estado de real envergadura en América Latina que no contaran con el "placet" del Departamento de Estado y lo que la política exterior norteamericana estaba diciendo ahora es que los días del apoyo a gobiernos no democráticos, en aras de su anticomunismo, había pasado para siempre. El comunismo había fenecido como enemigo y Washington se encargó de hacerlo saber de múltiples maneras: a través de sus embajadas y anuncios oficiales; mediante la promoción de los intelectuales comprometidos ideológicamente con la democracia y la economía de mercado; mediante la canalización de sus programas de asistencia y ayuda exclusivamente a entidades alineadas con la nueva tendencia; mediante ayuda técnica directa proveniente de la National Foundation for Democracy establecida en 1984; por medio de financiaciones ofrecidas por el Center for Electoral Promotion and Assistance, el cual, operando desde Costa Rica, contribuyó por ejemplo a perfeccionar el registro de votantes para las elecciones de 1988 en Chile; a través de comités enviados expresamente para supervisar y controlar las elecciones en diferentes países como sucedió en Perú; mediante el envío de consultores experimentados para diseñar, campañas políticas, como los tuvo más de un político argentino; mediante presiones económicas, amenazas de retirar ayuda militar y hasta intervenciones militares directas como, por ejemplo, las de Granada, Panamá y Haití.
- Derechos humanos: Los EE.UU. decidieron utilizar este instrumento en su arsenal de política exterior ya bajo la administración de Jimmy Carter. En 1977, un año después de que Carter fue elegido presidente, el Departamento de Estado comenzó a publicar la evaluación norteamericana de la situación de los Derechos Humanos en los distintos países del mundo y a los funcionarios del gobierno americano se les dio la instrucción de tomar dicho informe en cuenta a la hora de definir las políticas de ayuda militar. Durante algún tiempo Ronald Reagan se apartó de esta política pero se vio obligado a retomarla, en parte para darle un justificativo ideológico a sus intervenciones en Centroamérica, pero fundamentalmente porque los factores de Poder en su propio frente interno se lo demandaban impulsando un acuerdo entre Demócratas y Republicanos en torno al uso de esta doctrina como política de Estado en materia de relaciones exteriores.
Consecuentemente, ni Bush (p), ni Clinton pudieron ya dejar de "alinearse" con lo que se les exigía.
- El colapso soviético: la desaparición de la URSS significó el ocaso de un importante punto de referencia y soporte para la izquierda revolucionaria y, también, el desvanecimiento del archienemigo tradicional de los EE.UU. Pero, además de eso, el proceso de democratización implicó para el marxismo sobreviviente en América Latina la desaparición de su también clásico archienemigo encarnado en los diferentes gobiernos militares. En muy poco tiempo, no solamente los norteamericanos se quedaron sin enemigo; también sus otrora enemigos se quedaron sin sus antagonistas locales más conspicuos. El modelo marxista cubano, reducido a sus propias fuerzas, perdió credibilidad. Esto dejó a los partidos comunistas, marxistas, trotskistas o socialistas dogmáticos locales sin un proyecto estratégicamente viable y, como consecuencia de ello, liberó a los EE.UU. de sus compromisos con gobiernos cuya misión principal había sido mantener bajo control a un socialismo cuya presencia en el "back yard" (3) norteamericano no entraba dentro de la estrategia prevista para el continente. Consecuentemente, los EE.UU. optaron por promover gobiernos democráticos, ideológicamente más afines y económicamente más comprometidos con el proyecto globalizador.
Todos estos factores en conjunto, apoyándose entre si y complementados por otros de menor peso, han terminado constituyendo el mosaico de las democracias actuales. En último análisis, queda bastante claro que la actual democracia no es sino un régimen de gobierno exigido por el Imperio Norteamericano para garantizar la gobernabilidad y el control de su área de influencia.
Pero los factores económicos e imperiales no agotan las causas de la rápida expansión de la democracia como régimen uniforme para Occidente. Como cabe esperar en todo proceso político, también en éste se puede detectar un importante andamiaje filosófico, doctrinario e ideológico ya que, como indicaba Gramsci, la revolución cultural generalmente precede a la revolución política.
- Liberalismo: Los ejemplos de Ronald Reagan en EE.UU. y Margaret Thatcher en Gran Bretaña ejercieron una poderosa influencia sobre América Latina; especialmente después de la Guerra de Malvinas de 1982 en dónde quedó meridianamente claro que el Imperio no toleraría ninguna desviación importante de las pautas fijadas para sus integrantes menores. Paralelamente a esa demostración de fuerza, todos los medios de difusión occidentales fueron instrumentales para una gran ofensiva intelectual orientada a difundir la doctrina neoliberal apoyada en su mayor parte sobre los dos grandes pilares de democracia y economía de mercado. La derecha burguesa latinoamericana, liberada del fantasma del comunismo, aceptó rápidamente la idea. La izquierda partidocrática, desprovista de otras alternativas viables, la aceptó también. Ya sea porque Malvinas había demostrado que toda resistencia sería inútil; ya sea porque se vio que se podía aprovechar la oportunidad para deshacerse de las Fuerzas Armadas como factor de Poder; ya sea porque se creía sinceramente en los postulados del liberalismo clásico; el hecho es que apareció de pronto todo un conjunto de políticos latinoamericanos dispuestos a aceptar las nuevas reglas de juego: León Febres Cordero en Ecuador; Fernando Collor de Melo en Brasil; Alfredo Cristiani en El Salvador; Mario Vargas Llosa en el Perú; Raúl Alfonsin y Carlos Menem en la Argentina; para citar sólo a algunos. Por supuesto, pueden observarse matices y hasta evoluciones políticas que no dejan de ser curiosas. En la Argentina, por ejemplo, Raúl Alfonsin — viniendo de un partido de fuerte composición de clase media — se inclinó más hacia una versión socialdemócrata del liberalismo mientras que Carlos Menem — perteneciente a un partido de fuertes raíces proletarias — terminó optando por la economía de mercado y la privatización del Estado.
Pero, ya sea que se tratase del liberalismo político clásico enfocado en la democracia, o del neoliberalismo económico enfocado en los mercados internacionales, el hecho concreto es que todo el espectro político quedó determinado y delimitado por los postulados liberales adoptados en las centrales del Poder internacional y difundidos luego como la doctrina oficial del Imperio.
- Universalización jurídica: La imposición de la doctrina de los Derechos Humanos como patrón para medir la conducta de los Estados ha significado, en realidad, la posibilidad de hacer judiciable ante instancias transnacionales las decisiones políticas de un Estado-nación. Se ha conseguido así instrumentar la intención manifiesta de impedir que actos considerados inaceptables por la ideología vigente puedan ampararse en el principio de la soberanía nacional. Los gobiernos no alineados con el liberalismo imperial han quedado bajo el escrutinio, bajo la acusación y hasta bajo la posibilidad de ser investigados y castigados por parte de organismos internacionales. Esta tendencia, haciendo palanca en valores éticos y morales que ciertamente cuentan con un gran consenso universal (4), ha desviado, sin embargo, la cuestión al terreno estrictamente político en dónde lo que realmente está en juego no es tanto la humanidad o inhumanidad de un régimen sino su grado de adecuación a una serie de postulados que, bien mirados, son mucho más políticos y económicos que morales.
Sujetar compulsivamente la administración de la Justicia a una serie de procedimientos que tienen mucho que ver con el individualismo liberal y con la clásica división de Poderes propuesta por el modelo de Montesquieu, pero que tienen bastante escasa relación con la verdadera calidad de la justicia suministrada, no es más que utilizar argumentos éticos válidos para lograr objetivos políticos que siempre son, como mínimo, opinables. De hecho, en muchos países, la terca y a veces hasta obcecada adhesión a doctrinas cerradamente individualistas — que conciben al individuo como más importante que la sociedad y elevan, así, a la parte por encima del todo — ha llevado a un "garantismo" jurídico que protege más a los delincuentes que a las personas honradas. Paralelamente, en el plano internacional, la imposición de estos criterios políticos ha permitido al Poder imperial central juzgar los actos de gobierno de las periferias y mantener las estructuras judiciales dentro de un margen de parámetros preestablecidos. Es sorprendente constatar como muy pocos parecen haberse dado cuenta todavía de que el hiper-individualismo judicial exagera la importancia no sólo de las personas físicas sino, también, la de las personas jurídicas; es decir: las empresas.
- Religión: forzando muy poco los argumentos se podría construir bastante fácilmente una batería de argumentos para sustentar la tesis de que la democracia actual no es, en realidad, sino un artículo de exportación del Occidente cristiano. De hecho, el proceso de liberalización dentro de la Iglesia Católica ha sido marcado y visible — al menos desde el Concilio Vaticano II de 1963/1965 — el cual, durante al menos un tiempo, produjo hasta un marcado desplazamiento hacia la izquierda de gran parte del clero latinoamericano, sobre todo después del Segundo Congreso de Obispos Latinoamericanos en Medellín que tuvo lugar tres años más tarde, en 1968. Por otra parte, está históricamente demostrado el compromiso ideológico del protestantismo en general con el individualismo, el capitalismo y el liberalismo. Sería, con todo, exagerado sostener una filiación demasiado estrecha y directa entre cristianismo y democracia liberal. Pero, muchas veces en política lo que interesa no es tanto lo que objetivamente revela el análisis sino la interpretación que las personas de carne y hueso hacen — correcta o incorrectamente — de lo que perciben. Desde la óptica del mundo islámico, desde la visión del animismo africano, desde una postura budista o brahmánica, la conclusión ha sido muchas veces muy diferente. Lo cual suscita la cuestión, que bien valdría la pena investigar a fondo, de hasta qué punto la actual ecumenización política ha sido tan rápida, entre otras cosas también porque se condice bastante bien con una vocación igualmente ecuménica de las Iglesias cristianas.
La ponderación conjunta de los factores señalados debería bastar para probar la tesis de que no es posible considerar a la generalización de la democracia como un fenómeno concurrente que se ha producido de manera espontánea en los diferentes países afectados. Que la democracia ha sido, de pronto, aceptada en todo el mundo por ser "un mal sistema pero el menos malo de todos los sistemas" es básicamente sólo retórica.
Los datos demuestran que no es el producto de una convergencia de la voluntad soberana de los pueblos. En último análisis este sistema de gobierno se sostiene en la actualidad fundamentalmente por dos razones: (A) porque es exigido como norma de aceptación por parte del Poder hegemónico imperante y (B) porque este mismo Poder desacredita, en forma sistemática y con un poderoso arsenal de medios, cualquier otra orientación política, en cualquier otra parte del mundo, produciendo así — por la falta de una respuesta con propuestas prácticamente viables — una claudicación intelectual que lleva a las personas a aceptarlo como inevitable. En otras palabras: no es que sea el menos malo de todos los sistemas; es — dado el tremendo Poder que lo avala e impone — el único sistema prácticamente posible para la enorme mayoría de los políticos.
Para completar el análisis es preciso responder a la pregunta de por qué hay tanto Poder en el mundo promoviendo la imposición de un determinado régimen de gobierno.
Poniendo la cuestión en otras palabras: ¿qué relación hay realmente entre los fenómenos de la globalización, las privatizaciones y la democracia? ¿Qué denominador común, explica a la democracia liberal como una herramienta política de la globalización? La respuesta que se desprende de los datos concretos disponibles es tan simple como directa: el dinero.
La democracia liberal es un sistema muy caro. En 1996, la Comisión Electoral de Australia calculó que las elecciones federales le habían costado 4,75 dólares australianos a cada uno de los 11.655.190 votantes lo cual, con una multiplicación muy simple, nos arroja una cifra superior a los 55 millones. En entornos reducidos la proporción por habitante parece ser aún más onerosa: en las elecciones de Dominica del año anterior, la elección en la que intervinieron 37.187 votantes costó cerca de US$ 376.000; o sea: un promedio general de aproximadamente US$ 10,11 por votante (5).
En general, costos directos de entre 4 a 10 dólares por votante, pueden considerarse normales en cualquier régimen democrático. Para la Argentina, con un padrón electoral de aproximadamente 20 millones de personas y estimando solamente $7 por votante, se llega con facilidad a los 140 millones por elección.
Quien tiene ese dinero, participa; quien no lo tiene, queda afuera del sistema. El hecho es que los propios partidarios del régimen reconocen abiertamente su dependencia del dinero y el hecho ya ha suscitado varios y enconados debates acerca de la mejor forma de dominar esta situación. Varios países están buscando implementar alguna ley de financiación política que permita, de algún modo, regular los importantes flujos de fondos que van de las grandes corporaciones a las arcas de los partidos políticos (6).
En el imaginario popular, muchas veces las falencias del régimen se atribuyen solamente a los países recientemente democratizados. Se cree popularmente que los escandaletes y las corruptelas del ámbito político son propios de los países atrasados y, ante las constantes crisis del sistema en el ámbito local, un sinnúmero de personas se pregunta: ¿pero, por qué el sistema funciona en los Estados Unidos? La pura verdad es que el sistema político no funciona ni siquiera en los Estados Unidos y ya sería hora de terminar con ese mito.
En la propia cuna del Imperio — desde hace ya varios años — se vienen escuchando voces cada vez más insistentes denunciando el carácter plutocrático de la democracia liberal. Por ejemplo, Marty Jezer, quien en los EE.UU. es miembro fundador del Working Group on Electoral Democracy y que ha estado promoviendo enérgicamente una intensa campaña al respecto, lo dice con todas las letras: "El dinero es el mayor determinante de la influencia y del éxito político. El dinero determina qué candidatos estarán en condiciones de impulsar campañas efectivas e influencia cuales candidatos ganarán los puestos electivos. El dinero también determina los parámetros del debate público: qué cuestiones se pondrán sobre el tapete, en qué marco aparecerán, y cómo se diseñará la legislación. El dinero permite que ricos y poderosos grupos de interés influencien las elecciones y dominen el proceso legislativo." (7)
En la financiación de la partidocracia de los EE.UU. hay una distinción relativamente importante en cuanto al tipo de dinero utilizado. En la jerga política norteamericana se habla de "hard money" (dinero duro) y de "soft money" (dinero blando). Por dinero "duro" se entienden los fondos provenientes de contribuciones reguladas por la Ley Federal de Campañas Electorales (Federal Election Campaign Act) que establece límites a las contribuciones que pueden hacer los individuos, los partidos políticos y los Comités de Acción Política (Political Action Comitees o PACs), que son organizaciones formadas específicamente para recaudar fondos destinados a las campañas. Las corporaciones y los sindicatos no pueden hacer contribuciones directas a los candidatos pero pueden constituir Comités que recaudan contribuciones de sus empleados o asociados. Si bien lo que un Comité de Acción Política puede darle a un candidato de un modo directo está limitado a US$ 5.000 por elección, estos Comités pueden gastar una cantidad ilimitada de dinero en aportes que no van directamente al candidato pero se invierten en campañas que abogan en pro — o en contra — de determinados candidatos.
Por otro lado, el "dinero blando" proviene de contribuciones que no están reguladas por la mencionada ley. No hay límite para las contribuciones que cualquier institución puede hacer al Comité Nacional de un partido político. Si bien, teóricamente, este dinero no puede ser empleado para inducir a la ciudadanía a votar en favor de — o en contra de — determinado candidato, los partidos políticos eluden de un modo muy sencillo esta restricción con promociones publicitarias que evitan cuidadosamente palabras tales como "vote a..." o "no vote por...".
Finalmente, hay una categoría adicional de dinero político masivo que es aportado por instituciones tales como, por ejemplo, la Cámara de Comercio, o la AFL-CIO, y que se gasta en publicidad específica sobre temas puntuales. Se incurre en la ficción de suponer que estas campañas no promueven directamente una determinada candidatura pero es obvio que cualquier político, con tan sólo posicionar su discurso en línea con el tema publicitado, se beneficia directamente de la promoción.
En general, se sostiene que el "dinero duro" es el dinero "bueno" mientras que el "blando" es el dinero "malo" pero esta distinción es poco menos que bizantina. Lo único cierto es que los aportes en dinero "duro" superan ampliamente a los efectuados en dinero "blando". En la campaña electoral de 1996, el 83.20% de los fondos de campaña se constituyó con dinero "duro" mientras que en la del 2000 la proporción se mantuvo casi en el mimo nivel con un 81.20% (8). Además, las mojigaterías juridicistas, que pretenden calificar los aportes en "buenos" y en "malos" según su categorización legal, pierden todo sustento posible cuando se comprueba que ambas clases de dinero provienen, en realidad, de las mismas fuentes.
El punto crítico es que las elecciones norteamericanas son progresivamente más caras. Mientras el ciclo electoral de 1996 le costó a los políticos norteamericanos entre 1.500 a 2.200 millones de dólares, se estima que el ciclo del 2000 insumió unos 3.000 millones por todo concepto. Hacia fines de Junio del 2000, entre los candidatos presidenciales, los del senado, los de la cámara baja y los comités partidarios nacionales ya se habían recolectado más de $ 1.600 millones, es decir: unos 400 millones más de los que, para la misma época del calendario electoral, se habían acumulado en 1966.
Para la fecha arriba mencionada, el Senado norteamericano ya disponía de unos 366,6 millones de dólares. Los candidatos al Senado de los EE.UU. habían juntado $ 259.7 millones; el Comité Senatorial Republicano y el Comité Senatorial Demócrata habían conseguido unos $ 55.5 millones adicionales y a todo ello hay que agregar los $ 51.4 millones aportados en dinero "blando" por los comités partidarios del Senado. La Cámara Baja, a su vez, disponía de más dinero aún: 393 millones de dólares recaudados por los propios candidatos, 80.5 millones provenientes de los Comités de Campaña del Congreso y 62.9 millones de dinero "blando" de los comités partidarios; es decir: 536.4 millones en total.
La gran pregunta es: ¿de dónde sale todo este dinero?
Para entender cómo funciona la plutocracia norteamericana hay que prestar atención a un dato que aparece en forma consistente y reiterada en todos los análisis: el número de norteamericanos que espontáneamente contribuye al financiamiento de las campañas es muy reducido. Una investigación realizada a propósito de las elecciones legislativas de 1992 arrojó como resultado que menos del 1% de la población provee el 77% del dinero que usan los candidatos. En 1994, solamente el 20% del dinero recaudado por los candidatos al Congreso norteamericano provino de personas que, individualmente, aportaron menos de $ 200 cada uno. Durante el ciclo electoral del 2000 tanto George Bush (h) como Al Gore recibieron la mayoría sustancial de los aportes individuales de personas cuyos ingresos superaban los $ 100.000 anuales. Los datos disponibles revelan que el 80% de los donantes que aportaron $ 200, o más, tenía ese nivel de ingresos (9). Sólo el 5% tenía ingresos anuales de $ 50.000 o menos. Nueve de cada diez eran blancos . Para tener un parámetro de referencia, debe saberse que en los EE.UU. sólo el 12% de las familias tiene un ingreso igual o mayor de $ 100.000 al año, mientras que un 60% percibe $ 50,000 o menos, siendo que las personas de color representan el 29% de la población (10).
El grueso de la financiación política norteamericana proviene de las grandes "donaciones" y de los Comités de Acción Política. Si se analiza la procedencia del dinero invertido en campañas electorales por los 535 diputados y senadores norteamericanos, se llega a la conclusión de que un 37% proviene de grandes donaciones; otro 32% es aportado por los citados comités, un 20% proviene de pequeños aportes, un 5% es dinero invertido por los propios candidatos y el 6% restante es indeterminable. Si se suman los porcentajes, queda claro que entre grandes donantes, dinero recolectado por los comités y dinero invertido por los mismos candidatos, se llega al 74% del costo de una campaña — con lo que el aporte del pequeño ciudadano no llega a ser determinante de ningún modo.
Esta conclusión se confirma, además, analizando la procedencia geográfica del dinero. En las campañas de 1994, alrededor del 50% de las contribuciones aportadas por los Comités de Acción Política provino de Washington DC dónde los lobbies y las cámaras de comercio tienen sus oficinas. El dinero que normalmente se recauda en esta zona representa unas diez veces la cantidad que se colecta en las 19 principales ciudades norteamericanas, incluyendo Nueva York, Chicago, Atlanta y Los Ángeles.
Si se analiza la composición y las relaciones de los comités, también se confirma — una vez más — la importancia determinante de los aportes corporativos. En 1994 los Comités de Acción Política asociados o cercanos al sindicalismo norteamericano aportaron unos $ 42,4 millones mientras que los comités asociados o cercanos a las grandes empresas contribuyeron con $ 130,2 millones; es decir: más del triple de dicha cantidad. Todos los demás comités, relacionados con grupos de interés sobre cuestiones puntuales y con la totalidad del espectro ideológico sólo llegaron a recolectar $ 16,3 millones. En otras palabras: las grandes empresas aportan a la política norteamericana prácticamente más del doble de dinero que todos los demás juntos. En la elección del 2000, el 68% del dinero proveniente de los Comités de Acción política respondió a empresas comerciales; el 21% provino de fuentes sindicales y sólo el 11% de grupos ideológicos y otras fuentes.
Hay, además, otra particularidad interesante en el sistema norteamericano: varios candidatos arriesgan su propio dinero en la financiación de su campaña. Cerca del 12% del total de dinero "duro" invertido durante los primeros 18 meses de la campaña del 2000 provino de esta fuente. Quizás el caso más notorio sea el del demócrata Jon Corzine — ex empleado de la financiera Goldman Sachs — que apostó nada menos que 42.4 millones de dólares a su propia candidatura a senador por el estado de New Jersey.
Realmente, no hay que ser muy suspicaz para suponer que nadie pondría más de 40 millones de dólares de su propio bolsillo en una candidatura por puro fervor patriótico y sin esperar nada a cambio. Un aporte de esa magnitud no es un aporte desinteresado a la política; es una inversión.
Y lo es también, no menos obviamente, para las grandes empresas. Es notorio como aquellas que tienen intereses especiales en determinadas cuestiones legislativas aportaron gruesas sumas de dinero en la campaña. La siguiente tabla refleja los aportes — declarados — de seis grandes ramas de la industria norteamericana, según los datos oficiales de Comisión Federal Electoral (Federal Election Commission) norteamericana, al 1 de Octubre del 2000.(11)
Automotriz | Electrónica | Petroleras | Laboratorios | Financieras | TV y Medios | |
Contribuciones Individuales | 5.499.495 | 9.959.552 | 6.903.799 | 3.272.538 | 30.199.757 | 10.285.511 |
Comités de Acción Política | 3.622.650 | 1.553.957 | 4.740.887 | 3.799.990 | 4.099.314 | 2.561.687 |
Dinero "blando" | 2.991.732 | 12.417.372 | 11.205.140 | 10.303.283 | 23.483.360 | 12.055.901 |
TOTAL | 12.113.877 | 23.930.881 | 22.849.826 | 17.375.811 | 57.782.431 | 24.903.099 |
Aportado a los demócratas | 17% | 51% | 20% | 32% | 40% | 60% |
Aportado a los republicanos | 82% | 58% | 79% | 68% | 59% | 40% |
Todos estos datos permiten afirmar con bastante fundamento que los puestos políticos de la democracia neoliberal no son sino cargos formales que, en última instancia, deben responder y rendir cuentas al poder real del dinero que paga los gastos del acceso al Estado y a la política.
Por supuesto, no es posible caer en la reducción infantil de creer que el dinero de las centrales de Poder financieras, industriales y comerciales directamente puede "comprar" los votos de una elección (12). Pero hay una relación directa entre dinero invertido y chances de éxito, ya que en una apabullante mayoría de casos es posible constatar que los ganadores de una elección han invertido más dinero en su campaña que los perdedores.
Ya en 1994, en las cuestiones controvertidas de la cámara baja norteamericana, los ganadores habían gastado $ 516.000 en promoción y publicidad frente a $ 238.000 de los perdedores. No es ningún milagro, pues, que las tan universalmente utilizadas encuestas hayan reflejado luego más el resultado de esta presión publicitaria que la verdadera opinión independiente de las personas.
Pero, probablemente, el caso más interesante de esta relación casi directa entre dinero recaudado y chances de éxito lo constituyan las elecciones presidenciales del 2000. Esta elección es interesante precisamente porque casi salió mal. La lógica del sistema plutocrático establece que debe ganar quien más dinero maneja. Y, en este sentido, el empate técnico entre Bush y Gore seguramente no entró en los cálculos del establishment norteamericano. Es muy difícil, a esta temprana altura del desarrollo histórico, hacer un análisis serio y exhaustivo de lo que sucedió en realidad. En una primera aproximación, quizás una conclusión posible podría ser que el sistema no está preparado para la indiferencia y no sabe muy bien como manejar el desinterés de amplias capas de la población. En una sociedad como la norteamericana del 2000, con una situación económica razonablemente holgada en términos estadísticos y con un discurso político insulso, aburrido y reiterativo, es muy posible que ya no se puedan captar votos y voluntades con dinero publicitario, por más sumas que se inyecten en la campaña. Otra explicación, acaso complementaria y concurrente, podría ser también que — como lo demuestra el caso soviético — el adoctrinamiento masivo a través de los medios de difusión y de educación tiene serios límites en el largo plazo. Es muy posible que la tesis básica de George Orwell contenga, en el fondo, graves errores de concepto desde el momento en que — por un proceso psicológico elemental — la saturación produce insensibilidad y no siempre lo implantado en el subconciente actúa con el automatismo esperado. Esto último ha quedado demostrado aún para las técnicas de "lavado de cerebro" practicadas en forma individual, según la experiencia de los prisioneros de guerra norteamericanos en la Guerra de Corea. (13)
Sea como fuere, lo concreto es que en las elecciones del 2000 los norteamericanos votaron más por hábito, interés, adhesión personal o simpatías irracionales que por las presiones de la maquinaria electoral. El resultado fue un empate técnico, que nadie esperaba, y que se contradice con las reglas y previsiones del sistema que le garantizan la victoria al mejor financiado.
El hecho es que, según estas reglas y previsiones, Bush tenía que ganar. Y tenía que hacerlo por la sencillísima razón de que los republicanos comprometieron mucho más dinero en su campaña que los demócratas. Tanto Gore como Bush recaudadon enormes sumas de dinero ya desde antes del comienzo de las elecciones primarias. Ambos reclutaron voluntarios (Bush los llamó "pioneros") con la misión de conseguir por lo menos $ 100.000 cada uno. Pero ya en esas primarias, con $ 98 millones aportados por donaciones individuales y $ 2.2 millones provenientes de Comités de Acción Política, Bush aventajaba a Gore en una relación de más de 2 a 1.
La tabla de los aportes al 1° de Octubre del 2000, expuesta más arriba, aún cuando refleja solamente un aspecto parcial del total real, revela bastante bien las ventajas financieras de Bush sobre Gore. Si se promedian los porcentajes, se observará que el 64% del dinero corporativo fue a las arcas de Bush y sólo el 36% restante a las de Gore. Con la sola excepción de la TV y los medios masivos de difusión, que apoyaron más a Gore, tanto las empresas de la industria automotriz, como las electrónicas, las petroleras, los laboratorios y hasta las financieras apostaron su dinero a la candidatura de Bush y los republicanos. Con un apoyo así, Bush sencillamente no podía — es más: no debía — perder.
No deja de ser interesante constatar cómo, aun a pesar del susto del recuento de votos en Florida, el sistema plutocrático norteamericano funcionó, al final, tal como estaba previsto y según las reglas que rigen el sistema; más allá de la cantidad exacta de votos obtenidos por cada candidato — algo que, muy probablemente, nunca llegaremos a saber con certeza.
Con todo lo expuesto, es forzoso concluir que, en el régimen político propuesto por la globalización, hay una estrecha relación entre los intereses de los mayores inversores y las decisiones políticas adoptadas, ya que sería un desatino suponer que las corporaciones transnacionales ponen sobre la mesa esas gruesas sumas a cambio de nada.
Cuando hacia 1995 estalló el escándalo de las compañías tabacaleras norteamericanas, las grandes empresas de la industria del tabaco aportaron $ 2,3 millones a las arcas republicanas. Los abogados de la parte querellante, a su vez, aportaron $ 1,7 millones a las del Partido Demócrata. Las motivaciones que impulsaron estas generosas donaciones son demasiado obvias como para poder ser ocultadas o discutidas.
Las industrias que tanto dinero pusieron en la campaña del 2000 también tuvieron sus muy buenas y poderosas razones. La industria automotriz, por ejemplo, enfrenta una situación bastante desagradable por el caso de las más de 100 personas muertas en accidentes ocurridos a dueños de camionetas Ford Explorer equipadas con neumáticos Firestone. Hacia Octubre del 2000 el Congreso norteamericano adoptó al respecto una resolución que — según Joan Claybrook, presidente de "Public Citizen", una organización de defensa del consumidor — es tan solo "...una norma para salvarle la cara a la industria automotriz; no para salvarle la vida a la gente". Está en los republicanos ahora sostener esa legislación.
Microsoft, por su parte, comenzó a tener algunos dolores de cabeza en 1996 cuando el Departamento de Justicia inició una investigación para determinar si la empresa había, o no, violado las disposiciones anti-trust contenidas en un decreto de 1994. Luego, con sentencias judiciales adversas a la empresa, la posición de Microsoft empezó a ser un tanto incómoda. Curiosamente, la firma de Bill Gates que, en 1996 había aportado solamente $ 237.000 en dinero político, de pronto se lanzó a participar con $ 3.5 millones en la campaña del 2000. Además de ello, también en Octubre de ese año, el Congreso le hizo un no pequeño favor a la industria electrónica norteamericana autorizando cerca de 600.000 visas para los próximos 3 años, destinadas a trabajadores extranjeros que deseen ingresar a los EE.UU. y ocupar puestos de trabajo en empresas electrónicas. Es sabido que estos inmigrantes están dispuestos a trabajar por un salario muy inferior al pretendido por sus pares norteamericanos, por lo que el ahorro en nóminas salariales posiblemente ya de por sí justifique la inversión política realizada.
El caso de las petroleras norteamericanas es relativamente poco conocido fuera de los EE.UU. El hecho es que los derivados del petróleo y los combustibles tienen actualmente un precio que es el más alto registrado en el mercado norteamericano durante los últimos años y los consumidores están bastante molestos. Los lobbies de la industria petrolera están presionando muy fuertemente para que las autoridades políticas permitan iniciar perforaciones en el Parque Nacional Ártico (Arctic National Wildlife Refuge) de Alaska. El destino ecológico de uno de los parques nacionales más importantes del mundo ha quedado, así, en manos de las autoridades elegidas en Noviembre pasado y no es precisamente casualidad que casi el 80% de los aportes petroleros haya ido a parar a los republicanos, entre quienes los Rockefeller tienen seguramente más de cuatro cosas para decir.
Una de las cuestiones más discutidas y controversiales de la campaña fue el costo de los medicamentos para los pacientes de la tercera edad. La solución propuesta por los demócratas preveía una mayor generosidad en las prestaciones y sólo carecía de previsiones adecuadas para controlar los aumentos de precios. En contrapartida, el proyecto republicano descansó íntegramente en coberturas provistas por la iniciativa privada. Así, no es de extrañar — tampoco en este caso — que el 68% de los aportes realizados por los grandes laboratorios haya ido a parar a la caja electoral de Bush.
Los grandes tiburones del mercado de inversiones de Wall Street como, por ejemplo, Merrill Lynch, Morgan Stanley o Dean Witter, siempre han financiado a los dos partidos políticos tradicionales del espectro norteamericano. Hacen esto porque sus intereses son muy amplios y variados, abarcando desde acuerdos comerciales internacionales hasta privatizaciones de sistemas de seguridad social. Últimamente, una de las cuestiones que estas firmas están interesadas en promover es la posibilidad de canalizar los fondos públicos de retiro del sistema norteamericano hacia el mercado privado. Los republicanos parecen tener una mejor disposición a asumir compromisos en este sentido, lo cual se halla bastante en línea con el 59% del dinero disponible otorgado a Bush.
Los medios masivos, con su 60% de apoyo a Gore, constituyeron la excepción a la tendencia. Aquí el tema es que el puritanismo norteamericano está, al menos aparentemente, comenzando a cansarse del libertinaje moral de los medios. Es posible detectar una presión en la opinión pública en favor de un mayor control sobre el contenido de sexo y violencia de muchos programas.
Además, hay también otras cuestiones de peso tales como, por ejemplo, la implementación a escala global de normas más estrictas de derechos de autor; lo cual le permitiría a las grandes cadenas ejercer un mayor control y obtener mayores regalías y beneficios.
En general, en cuestiones morales los demócratas han sido más "liberales" que los republicanos y Gore — seguramente por un inteligente cálculo electoral — supo posicionarse ante la industria mediática mejor que Bush.
Se podría seguir profundizando en las particularidades de la política norteamericana y constantemente comprobaríamos que en los EE.UU. el sistema no funciona de una manera tan distinta a como estamos acostumbrados a percibirlo, ya sea en América Latina o en cualquier otra parte del mundo. Pueden variar los estilos y puede variar el mayor o menor grado de moralidad individual de los participantes. Pero, en todas partes, el hecho concreto es que el Poder del dinero le da de comer al Poder político y el Poder político se comporta luego de acuerdo con los intereses de quién le ha dado de comer.
Lo que sucede es que, en un sinnúmero de casos, esto no resulta tan evidente para el público. Hay oportunidades en dónde el procedimiento es realmente chabacano; como, por ejemplo, el caso del legislador argentino que de pronto presentó un proyecto de ley para modificar la hora oficial, justo poco antes del cambio de estación y justo de tal manera que haría aumentar el consumo de energía eléctrica en todas las grandes ciudades — para obvio beneplácito de las compañías generadoras de electricidad. Pero no siempre las aquiescencias ante el Poder real son tan burdas. En la mayoría de los casos basta una pequeña cláusula dentro de la "letra chica" de una complicada ley o una frase capciosamente redactada que permita una cierta y determinada interpretación. A veces basta con conocer de antemano el resultado de una votación parlamentaria o el texto de un decreto del Poder Ejecutivo. A veces la misión se cumple a través del debate público en dónde, de pronto, la gran mayoría del espectro político concurre a entusiasmarse con determinada idea o a declarar la inevitabilidad de determinado proceso, como ocurrió con las privatizaciones.
Pero, quizás, lo que se hace no sea tan importante como lo que no se hace. Los decretos y las leyes pueden ser "cajoneados" durante meses y hasta por años enteros. Si alguien no vota a favor, frecuentemente es suficiente con que vote en contra o se abstenga. Siendo un poco más sutiles, a veces basta con que se oponga mal o no se oponga lo suficiente. Si el Poder del dinero no alcanza para financiar la máquina de promover, es muy común que baste y sobre para poner efectivamente en marcha la siempre eficiente máquina de impedir.
Además, desde la óptica del Poder político formal, una determinada posición opositora puede llegar a ser muy redituable. Ante un proyecto de ley es bastante fácil ponerse en opositor solamente para que alguien pague a fin de que el señor representante del pueblo deje de oponerse. A nivel del Poder Ejecutivo frecuentemente ni siquiera hace falta oponerse: con no promover la cuestión es suficiente para hacerle llegar el mensaje al mundo empresario de que el entusiasmo político por el asunto debe ser, primero, adecuadamente aceitado.
De este modo, la relación entre el Poder real y el Poder formal termina muchas veces en un régimen de corrupción mutua. Los grandes capitales pagan las campañas y los políticos chantajean a los grandes capitales para portarse de acuerdo con lo que éstos desean.
Pero, lo más importante es siempre que el dinero hace política puesto que, así como están dadas hoy las cosas, el dinero se ha convertido en la herramienta política por excelencia.
Si las democracias no son el producto de una evolución local sino más bien el resultado de un requerimiento explícito del Poder hegemónico y si, adicionalmente, resultan tan dependientes del Poder del dinero siendo que — al mismo tiempo — este dinero es la base del Poder hegemónico imperial; si todo esto es así, entonces resulta forzoso concluir que este régimen de gobierno no es sino la continuación por medios políticos de lo que las privatizaciones han iniciado con medios económicos dentro del marco de la globalización.
Lo que se intenta, pues, es lograr la disolución controlada de los Estados-nación; por un lado con propuestas ideológicas tendientes a permitir su reestructuración y reingeniería; por el otro lado reduciendo su tamaño, su radio de acción y sus funciones; y por el tercer lado atándolo firmemente a los intereses de la superestructura financiera que es la que — en realidad — domina todo el sistema.
Las tres oleadas: globalización, privatizaciones y democracia, están íntimamente unidas. Forman parte de un "modelo" amplio, promovido por las centrales plutocráticas del Poder internacional para lograr el control y la gobernabilidad de todo el planeta. Constituyen el tránsito planificado hacia un "Nuevo Orden Mundial" en el cual los Estados soberanos no tienen cabida.
Bien mirado, ni siquiera es demasiado sorprendente que esto sea así. Cuando una gran transnacional factura en un mes más de lo que muchos Estados pueden llegar a gastar en todo un año, no es muy difícil determinar de qué lado está el poder de decisión en última instancia. Luego, cuando esas mismas transnacionales deciden que los Estados-nación sean privatizados y sus instituciones "reformadas" para adecuarlas a las tendencias de la globalización económica, tampoco es muy difícil darse cuenta de cómo se logra el apoyo, el acuerdo y hasta la complicidad de la clase política.
El 70% de todo el comercio mundial está ya controlado por apenas unas 500 transnacionales. Pero esto no es todo: apenas el 1% de todas las transnacionales controla el 50% de la masa total de inversiones extranjeras directas en los países en vías de desarrollo. (14).
La pregunta de ¿quién manda en realidad sobre el planeta? no resulta, después de todo, tan difícil de contestar.
El gran problema, sin embargo, es que la disolución controlada de los Estados-nación y su suplantación por Estados-administradores está condenada al fracaso porque no se puede administrar bien si no se gobierna bien. La privatización del Estado está, también, condenada al fracaso porque la actividad privada, orientada al lucro por necesidad, no es adecuada para solucionar ningún problema que esté más allá de criterios puramente utilitaristas. A ninguna empresa se le puede pedir que pierda plata y, en política, muchas veces lo importante es hacer las cosas, siendo irrelevante si se gana — o no — plata con ello.
Pero también la democratización de los Estados está condenada a fracasar porque la democracia actual, con un cuerpo doctrinario anquilosado en modelos del Siglo XIX y con una dependencia casi insalvable del Poder financiero, ni está a la altura de los problemas que presenta el Siglo XXI, ni es capaz tampoco de actuar con la dinámica, con la efectividad y — sobre todo — con la independencia de criterio que requieren los problemas del tercer milenio.
La consecuencia inevitable de las razones arriba expuestas es que el modelo actual, no puede sostenerse en el largo plazo. El régimen del capitalismo democrático está condenado a muerte casi por las mismas razones que condujeron a la desaparición del régimen soviético: es funcionalmente inadecuado, es abusivamente materialista y es políticamente ineficaz. Los muros de Wall Street, aunque sean más flexibles, son — en el fondo y bien mirados — por lo menos tan débiles como lo fue el muro de Berlin.
Es, pues, necesario comenzar a pensar seriamente en el Estado del Siglo XXI. Ante el previsible colapso del régimen liberal capitalista, es muy recomendable que vayamos discutiendo y diseñando el Estado que inevitablemente nos veremos obligados a construir después de la crisis. Para ello, deberemos comenzar con poner a un lado toda la mitología del modelo actual y volver, por decirlo así, a las bases de lo básico: ¿qué es en realidad el Estado? ¿Cuales son realmente sus funciones esenciales e indelegables, más allá de las ideologías y de las utopías políticas? ¿Qué modelo aceptable de Estado podría proponerse?
El desarrollo de una adecuada Teoría del Estado es una asignatura pendiente en la Política contemporánea.
Notas
1 )- Barbara Crossette, "Globally, Majority Rules," New York Times, 4 de Agosto, 1996.
2 )- Paul W. Drake, "The International Causes of Democratization" en http://polisciexplab.ucsd.edu/mccubbin/MCDRAKE/CHAP5.HTM — En el desarrollo de las causas que impulsaron la oleada democratizadora se ha seguido aquí, en líneas generales, el esquema propuesto por este autor aun cuando, como se verá, nuestra interpretación de los datos es bastante distinta.
3 )- Literalmente "patio trasero"; expresión con la cual la política exterior norteamericana designó muchas veces a todo lo que estuviera al Sur del Río Grande.
4 )- A ninguna persona de bien, a ningún ser humano normal, en todo el mundo, se le ocurriría hacer la apología del asesinato, la tortura, la crueldad o las masacres para proponer estos actos como métodos normales y recomendables de gobierno. El consenso en este sentido, es realmente universal.
6 )- La gran mayoría de estas iniciativas ha terminado, sin embargo y hasta ahora, en puras operaciones de cosmética después de las cuales seguir el rastro del dinero se vuelve aun más complicado que antes.
7 )- Marty Jezer, "Money in Elections" en The World and I — publicación mensual del Washington Times, Agosto 1996 — Los escritos de M.Jezer pueden consultarse, además, en http://www.sover.net/~mjez/finance/financeintro.htm
8 )- Cf. "Hard Facts - Hard Money in the 2000 Elections", Octubre 2000, http://www.publicampaign.org/hardmoney.html
10 )- Cf. Oficina del Censo de los EE.UU (U.S. Census Bureau), "Current Population Reports, P60-209, Money Income in the United States" 1999, U.S. Government Printing Office, Washington, DC, 2000, Tabla 2 y "Resident Population Estimates of the United States by Sex, Race, and Hispanic Origin," de la misma fuente, 27 de Septiembre 2000.
11 )- Los aportes individuales incluyen solamente aquellos de $ 200 o más. Los aportes de los Comités de Acción Política comprenden solamente las contribuciones a los candidatos federales y a sus partidos.
12 )- Aun cuando es muy fecuente que pueda, de hecho, comprar los votos de una decisión parlamentaria. Y esto no solamente en nuestro país como — en forma bastante tardía — parece haber descubierto un ex-vicepresidente argentino.
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