Preludio del 23-F

EL EJÉRCITO CONTRA EL REY

• El otoño caliente de los militares franquistas.
• La Operación Almendros.
• Un nuevo y patriótico 2 de mayo.
• La dimisión de Suárez.
• El monarca contenta a sus generales: «El bien de España obliga a que este hombre salga del Gobierno»

Efectivamente, otro de los momentos especialmente difíciles de la transición española a la democracia seria sin duda, como señalaba con anterioridad, el otoño del año 1980. Tengo que dar, pues, un salto histórico en mi relato para encarar decididamente las oscuras maniobras, muy poco conocidas todavía por los españoles, que en los últimos meses de ese fatídico 1980 protagonizaron en la sombra amplios y poderosos sectores franquistas del Ejército con el fin de parar en seco el proceso político iniciado en España en noviembre de 1975.

Me refiero a unas maniobras franquistas que se concretarían a lo largo de ese corto período de tiempo en un proyecto claro y preciso de golpe militar contra la democracia y la Corona, y que, afortunadamente, sería poco a poco pospuesto por sus promotores para la primavera del año siguiente (la fecha finalmente decidida sería el 2 de mayo de 1981) ante la atrevida y esperanzadora respuesta del grupo más moderado y aperturista del Ejército que, como fiel apoderado de la nueva monarquía y del recién nacido régimen parlamentario español, aceptaban de buen grado, aunque con carácter temporal, un cierto cambio de rumbo político, un «golpe de timón» institucional que aliviara la grave situación por la que atravesaba el país. La escenificación última de este cambio, de esta corrección de rumbo, de este paso atrás de los demócratas para coger fuerzas, terminaría sin embargo en un auténtico fiasco, en una impresentable chapuza, la del 23 de febrero de 1981, aunque, eso sí, supondría un revulsivo social y político que salvaría de una vez por todas a la por entonces débil y vigilada democracia española.

En el inicio del otoño de 1980 la temperatura de la institución castrense española es muy elevada. Casi me atrevería a asegurar que posiblemente algunos grados por encima de la que, según algunos testimonios relevantes de la Historia, sufría la misma corporación allá por la primavera de 1936. Además, ese estado febril colectivo de los militares españoles obedece a causas muy parecidas a las de entonces: frustración generalizada (a nivel personal y corporativo), escalada terrorista (más de 120 asesinatos en lo que iba de año), peligro de desmembración de la patria, delincuencia incontrolada, debilidad del Gobierno centrista de Suárez, situación económica preocupante... Eran causas reales, unas, y virtuales o desenfocadas, otras, pero percibidas en la peor de sus dimensiones por unos altos mandos de corte franquista, nostálgicos de un caudillaje carismático ya fenecido bajo la pesada losa del Valle de los Caídos y nada dispuestos, por lo tanto, a entregar la aplastante victoria militar conseguida en la «cruzada» de 1936-1939 a los enemigos de antaño.



Así las cosas, por los cuarteles no dejan de circular, con gran permisividad por parte de los altos mandos, panfletos en los que con total desfachatez se propala la idea de que el barco de la patria necesita enderezar su rumbo con urgencia y que para ello era absolutamente prioritario cambiar a su capitán, ya que el que lo viene dirigiendo en los últimos años es incapaz de llevarlo a buen puerto en un clima cada día mas enrarecido y difícil. La «enemiga contra Suárez», que vio la luz en las altas esferas del poder militar aquel tenso lunes de Pascua de 1977 en el que dimitió el almirante Pita da Veiga, ha llegado ya imparable, incluso por vía jerárquica, a las salas de oficiales y suboficiales. Resulta meridianamente claro por ello en esos momentos, para miles de profesionales de las Fuerzas Armadas, que los generales han conseguido poner a la disciplin ada clase militar española a sus órdenes en contra del hombre que, con dificultades crecientes, aún gobierna el país desde el palacio de La Moncloa.

El Ejército, empezamos a verlo con claridad los que en puestos modestos, pero de responsabilidad, nos encontramos encuadrados en él en este importante otoño político de 1980, se prepara nuevamente para intervenir en la historia española, como tantas veces y de manera tan desafortunada, hizo a lo largo de los últimos 150 años. Se palpa en el ambiente, se ve venir, pero será muy difícil que alguien desde dentro de la Institución pueda hacer algo por evitarlo. La jerarquización exagerada, la disciplina prusiana, la ausencia de canales de expresión adecuados, la penuria económica y social de sus miembros, la endogamia, el autorreclutamiento... son frenos demasiado potentes como para que alguien pueda lanzarse a intentar parar la tragedia que se avecina. Como el monstruo dormido que huele el peligro, la envejecida máquina militar española parece dispuesta, otra vez, a lanzar su terrible zarpa sobre un país inmerso en un laberinto político inextricable.

Desde mi nuevo despacho de jefe de Estado Mayor de la Brigada de Defensa Operativa del Territorio (BRIDOT) V, de guarnición en Zaragoza, me siento preocupado pensando en todo esto. En las próximas semanas, estoy seguro, tendré motivos sobrados para incrementar esa zozobra que me embarga.

Todo este malestar del Ejército español, que en la época que estamos comentando (otoño de 1980) empezaba a emerger con fuerza, tenía su origen en la ya tantas veces comentada Semana Santa de 1977 en la que el presidente Suárez legalizó el PCE de Carrillo, pero sería en la semiclandestina reunión de Játiva de septiembre de ese mismo año, en la que los tenientes generales franquistas decidieron al unísono vigilar de cerca el proceso político español y evitar en el futuro cualquier desviación del camino pactado, cuando se concretaría esa inquietud y ese desasosiego castrense en algo organizado y con poder real dentro de la propia Institución.

La democracia española quedaría, pues, internada, a partir de esta última fecha, en una especie de UVI política en la que todo el complejo sistema de mantenimiento de su vida estaría permanentemente sometido al caprichoso análisis subjetivo de un pequeño grupo de «salvadores de la patria» de alto nivel vestidos de uniforme. Se trataba de un grupo «mafioso» que en el momento más inesperado podría ordenar la desconexión del enmarañado manojo de cables, tubos clínicos y monitores de control que componían ese sistema de mantenimiento si, sobre la base de su interesado criterio, los supuestos intereses de la patria recomendaban la muerte eutanásica de la enferma.

Adolfo Suárez, que en su momento tuvo puntual conocimiento de la subversiva jornada de Játiva(en el Ejército llegó la información hasta los más modestos escalones), no reaccionó con la prontitud y autoridad necesarias en un jefe de Gobierno, convirtiéndose así, por simple dejación o miedo, en una especie de rehén político en manos del poder militar que, poco a poco y en la sombra, le iba a ir comiendo el espacio de maniobra del que había disfrutado hasta entonces e,incluso, la confianza regia y el apoyo de los demás partidos políticos y del suyo propio. Ese poder militar terminaría finalmente con él en los últimos días de enero de 1981.

Así pues, la democracia española, o mejor aún, la transición política emprendida en España tras la muerte de Franco, entró en septiembre de 1977, tras la legalización del PCE y las primeras elecciones libres del 15 de junio (pero, sobre todo, después de la recién comentada reunión de jerarcas militares celebrada en Játiva), en una fase clarísima de vigilancia existencial a cargo del Ejército. Resultaba sumamente diáfano que éste no estaba dispuesto a permitir otra «traición» del poder civil, ni a que se torciera el rumbo pactado con las principales fuerzas democráticas autorizadas al juego político siempre que no cuestionaran las esencias irrenunciables de la patria garantizadas por el caudillo del régimen anterior: unidad entre los hombres y las tierras que la conformaban, unidad de destino en lo universal (que nadie ha explicado jamás qué diablos significaba realmente), nacional-catolicismo, valores morales tradicionales, familia... y también (aunque esto no se dijera), capitalismo sangrante y rampante, sindicalismo domesticado, dominio de las oligarquías, etc., etc., en un orden político incólume desde el verano de 1936.

El durísimo cerco de los capitanes generales al Gobierno de Adolfo Suárez durante los últimos años de la década de los 70, no muy conocido ni valorado por la opinión pública española, se haría más patente a lo largo de 1980 y muy preocupante después del verano de ese mismo año.

Personalmente, como comentaba líneas arriba, en los últimos días de septiembre, recién incorporado a mi despacho después del paréntesis vacacional, empiezo a tener pruebas fehacientes de que algo «gordo» se mueve en la férrea Institución en la que presto mis servicios.

Repentinamente soy convocado, con bastantes dosis de misterio, a una reunión de jefes de Cuerpo con el capitán general de la V Región Militar a celebrar unos días antes de que comiencen las fiestas del Pilar. La cita se hace telefónicamente por la Sección de Operaciones (G-3) de Capitanía General, sin que el general de la Brigada sepa nada y tampoco sin especificar orden del día alguno; sólo se hace referencia a unas posibles maniobras, no programadas, a realizar próximamente. Los generales de la guarnición, curiosamente, no han sido llamados al «cónclave» so pretexto de que se trata de una reunión previa a la decisión definitiva y que, en caso de concretarse, se tramitará por los cauces habituales.

La convocatoria me parece totalmente atípica, tanto por la ausencia de los generales con mando en plaza (gobernador militar, jefe de la Brigada, jefe de Artillería...) como por el método empleado para anunciarla y la falta de temario previo. Sin embargo, tengo que reconocer que ni el general de la Brigada, con el que comparto mi sorpresa, ni yo mismo, le damos especial importancia. Es debido a que, ya en ocasiones anteriores, los compañeros de Capitanía General se habían saltado el orden jerárquico a la torera improvisando reuniones de trabajo directamente con los mandos intermedios de la guarnición.

El ambiente que se respira en el Ejército, y de modo particular en la guarnición de Zaragoza, en estos primeros días de octubre de 1980, es de tensión y profundo malestar. En las salas de banderas no se habla de otra cosa que de terrorismo, de los últimos atentados de ETA (la mayoría de los cuales han tenido al Ejército y a la Guardia Civil como objetivos), de la «traición» de Adolfo Suárez y de su subordinado político-militar Gutiérrez Mellado; de la inminente desmembración de la patria, a causa del separatismo; de la excesiva velocidad que se está imprimiendo al proceso democratizador; de la inseguridad ciudadana; de la crisis de UCD; de la debilidad de un Gobierno que parece haber perdido el norte... y, en los círculos más ultras y conservadores, del «cambio de chaqueta» del rey y también de la encubierta operación en marcha para desmantelar el «sagrado» legado del caudillo.

En la prensa afín al viejo Régimen, cuyo órgano emblemático, El Alcázar, no falta en ningún cuartel junto al monárquico ABC, las denuncias contra tal estado de cosas se suceden a diario, alimentando así la frustración y el desasosiego de los uniformados. Se empieza a hablar y a escribir sobre el «Colectivo Almendros» que, con absoluto descaro, pone en letras de molde que algo grave sucederá en este país (en «la patria en peligro») cuando en la próxima primavera los almendros se vistan de flor. Sin embargo, el ruido de sables en este otoño de 1980 que comienza no parece ser superior, por lo menos oído desde fuera, desde la calle, al nivel decibélico detectado en épocas recientes.

La cita con el capitán general, no obstante, dispara mi inquietud. Si la situación en los cuarteles es de preocupación pero de relativa calma (los «estados de opinión» re cibidos a lo largo de las últimas semanas así lo atestiguan), las palabras de la primera autoridad regional castrense, el teniente general Elícegui Prieto, me sumergen desde el principio en un mar de dudas y malos augurios. Bien es cierto que yo había recibido abundante información, a su debido tiempo, sobre la famosa reunión de Játiva, antes mencionada, y en virtud de la cual la práctica totalidad de los «príncipes de la milicia» habían sellado un pacto no escrito contra el desmantelamiento del sistema político franquista. Conocía, por lo tanto, la aceptación del mismo por parte del general Elícegui y hasta su compromiso claro con las fuerzas más conservadoras del Ejército; pero no esperaba oír ni remotamente lo que con claridad meridiana escuché de sus labios junto a una veintena larga de coroneles y tenientes coroneles, jefes de Cuerpo de la V Región Militar.

A las doce en punto del día señalado (faltan muy pocas fechas para la emblemática jornada del 12 de octubre, Día de la Hispanidad), nos encontramos el numeroso grupo de jefes de unidad operativa en una espaciosa sala del viejo palacio que alberga a la Capitanía General de Aragón, en la plaza del mismo nombre de la capital maña. Desde su fachada principal puede contemplarse la monumental figura del Justicia de Aragón, Juan de Lanuza, decapitado en Zaragoza el 20 de diciembre de 1591. Preside el acto el teniente general Elícegui y a su derecha se sitúa su jefe de Estado Mayor. Después de los marciales saludos de rigor y de una rápida ronda de intervenciones, centrada en las últimas novedades ocurridas en las distintas unidades allí representadas, Elícegui toma la palabra y con voz tranquila y un profundo tono de dramatismo, comienza a analizar la situación general del país.

Lo hace sin detenerse demasiado en ningún aspecto concreto, ni siquiera en el terreno estrictamente militar. El capitán general de la V Región Militar va proyectando ante nuestros ojos una panorámica ciertamente preocupante: terrorismo, separatismo, degradación moral, inquietud social e institucional, pérdida de rumbo del Gobierno de la nación, peligro de nuevo enfrentamiento entre españoles, penuria económica... Compara, sin citarlo expresamente, el momento actual de España con aquel otro especialmente dramático de la primavera/verano de 1936, que desembocó en una «heroica cruzada» contra los enemigos de la patria. No se anda con rodeos. Nos espeta con rotundidad que quizás en los próximos meses los militares españoles debamos dar de nuevo un paso al frente para tratar de enderezar, con nuestro sacrificio, el peligroso rumbo por el que camina la nave del Estado. Debemos estar todos preparados por si la nación nos necesita otra vez y, si es así, ofrecer nuestras vidas como en años no excesivamente lejanos hicieron nuestros compañeros.

Los jefes militares que le escuchamos, sorprendidos e incrédulos, guardamos un profundo silencio. Nadie osa hacer el menor comentario y nuestros cuerpos permanecen inmóviles como estatuas. Todos habíamos entrado a la reunión convencidos de que aquel momento era trascendente y que la cita, convocada de manera tan atípica, obedecía sin duda a un deseo de la primera autoridad regional castrense de informarnos personalmente de alguna cuestión delicada relacionada con la inquietud que se vivía en los cuarteles, en la clase política y en la sociedad en general. Pero nadie alcanzó a prever que el teniente general Elícegui se atreviera a plantear descaradamente ante sus jefes de unidad la posibilidad real y concreta de una próxima intervención del Ejército en la política nacional.

El capitán general de la V Región continúa con su exposición, pero quizá por nuestras caras de sorpresa y nuestro envaramiento corporal, intenta desdramatizar sus primeras palabras. Nos dice que, como todos sabemos, existe una gran preocupación en los altos mandos del Ejército por el momento político que vive el país; que esta preocupación se la han hecho llegar varias veces por conducto reglamentario tanto al presidente del Gobierno como a su majestad el rey; que a juicio del Consejo Superior del Ejército es urgente un «golpe de timón» que vuelva a situar a España en el buen camino; que se intentará por todos los medios que este cambio de rumbo, absolutamente imprescindible, se haga dentro del marco constitucional y respetando la monarquía instaurada por Franco; que no es intención del Ejército suplantar al poder civil, sino simplemente colaborar con él en el arreglo de una situación nacional insostenible; que todos los mandos de la Región Militar debemos permanecer vigilantes, obedientes a las órdenes de su autoridad y seguros de que él actuará siempre, aún en los momentos más difíciles, en orden a los supremos intereses de la patria... Por último, nos recomienda que guardemos discreción absoluta sobre sus palabras y que evitemos hacer cualquier comentario relacionado con lo tratado allí o con el posible malestar en las Fuerzas Armadas.

Tal como sentencia con voz firme y emocionada:-El Ejército no debe contribuir a generalizar la sensación de desasosiego e incertidumbre entre los ciudadanos. Todo lo contrario. Debe ser capaz de asegurarles la serenidad que necesitan y de ayudarles a que recuperen la máxima confianza en ellos mismos y en las instituciones.

Termina el teniente general Elícegui su monólogo ofreciendo un turno de palabra a los presentes. Nadie se mueve, nadie levanta el brazo, nadie pestañea. Yo, anonadado, como si estuviera asistiendo, a través del túnel del tiempo, a una reunión del mismísimo general Mola con sus colaboradores más cercanos de Pamplona, allá por la primavera de 1936, procuro guardar en mi mente todo lo dicho por el capitán general de la V Región Militar. Es muy grave todo lo que he oído. Me ha cogido por sorpresa; no porque no hubiera podido prever que algo así podía plantearse en la guarnición de Zaragoza, sino por la claridad y falta de pudor con las que se había expresado el más alto escalón de su jerarquía castrense. Muy adelantado debe estar todo, pienso, cuando nada menos que el capitán general de la Región Militar donde presto servicio se atreve a comunicar a los mandos reunidos en torno a su persona que el Ejército se prepara para enmendarle la plana, una vez más, al poder civil.

Escasos días después de la reunión en la Capitanía General de Aragón que acabo de relatar, pasadas ya las Fiestas del Pilar, me llegan a través del G-2 (Información) de la Brigada noticias fidedignas y contrastadas de que actos similares se han sucedido en otras regiones militares. Tenientes generales como Campano, en Valladolid; Merry Gordon, en Sevilla; De la Torre Pascual, en Baleares; González del Yerro, en Canarias; Martínez Posse en la Coruña; Milans del Bosch, en Valencia... han protagonizado en sus respectivas circunscripciones, en fechas recientes y con mayor o menor confidencialidad, análogas reuniones con sus jefes de unidad.

Después de la honda preocupación que habían generado en mí las palabras del general Elícegui en Zaragoza, estas informaciones reservadas disparan mi inquietud y me confirman totalmente que la cosa va ahora muy en serio y que, con el concurso de la mayoría de las capitanías generales, se está empezando a gestar, dentro del Ejército, una maniobra involucionista de altos vuelos contra el proceso democratizador todavía en marcha.

Efectivamente, después de la reunión cuasi subversiva de primeros de octubre de 1980 en la Capitanía General de Aragón, se repitieron otras dos del mismo estilo, una a mediados de noviembre del mismo año y otra en los primeros días del nuevo año 1981. Ambas citas, que se justificaron como dos encuentros reglamentarios más dentro de los contactos que, periódicamente, mantenía la primera autoridad regional castrense con sus jefes operativos subordinados, no despertaron inquietud especial en la guarnición ni, por supuesto, fuera de ella. Además, era muy difícil, por no decir imposible, que trascendiera nada de lo allí tratado, puesto que la orden dada de confidencialidad era tajante y los que asistiendo a ellas por obligación del cargo pudiéramos estar en desacuerdo con la visión catastrofista que del país nos presentaba el capitán general y, por ende, con la drástica receta que él defendía para regenerarlo, teníamos el camino cerrado para cualquier reacción en contra. Era por una sencilla razón, porque, a pesar de la claridad meridiana con que se expresaba, sus palabras, de momento, no pedían otra cosa que la plena disponibilidad de los presentes para sacrificarse por la patria, estar vigilantes para defenderla en todo momento y trabajar sin descanso para no permitir su desmembración. Tareas todas ellas que, dejando fuera segundas intenciones, se encuadraban perfectamente entre las obligaciones profesionales de cualquier militar que se precie.

En una de sus intervenciones, concretamente en la última reunión celebrada a primeros de enero en el Centro Regional de Mando de la capital aragonesa, el capitán general nos dijo con toda claridad que la única legitimidad política aceptable para nosotros, los militares españoles, era la que provenía del 18 de julio de 1936, encarnada durante casi cuarenta años por el generalísimo Franco y que había sido legada a su sucesor en la Jefatura del Estado, don Juan Carlos de Borbón. Era éste el responsable de continuarla en el tiempo, sin que perdiera sus esencias básicas; y el Ejército, por supuesto, el firme garante de que todo discurriera con arreglo al testamento político y a los deseos del «añorado» caudillo. También hizo referencia Elícegui en esa reunión, aunque sin nombrarlo, al presidente Suárez, del que dijo estaba poniendo en peligro de desmembración a la patria, siendo por ello responsable ante el pueblo español y ante la Historia.

De todas estas consideraciones yo deduje en aquellos momentos, con unos conocimientos ciertamente limitados sobre la situación real en las altas esferas del Ejército, que el capitán general apostaba claramente porque éste, si las cosas seguían degradándose en el terreno político, actuara sin ningún complejo para reconducir la situación. Parecía contar, en principio, con el rey, puesto que había sido nombrado como sucesor en la jefatura del Estado por el propio caudillo de España; pero de sus palabras también parecía desprenderse la posibilidad de que se pudiera pasar incluso por encima de él «si su actuación seguía poniendo en peligro los sagrados intereses de la patria». Me vinieron también a la memoria, al escuchar las palabras del capitán general de Zaragoza, las soflamas de algunos compañeros del Estado Mayor del Ejército vertidas en tropel después del funeral por el comandante Imaz, primer caído militar en la lucha contra el terrorismo, asesinado por ETA en 1977:¡El Ejército no debe permitir la muerte de ninguno más de sus miembros a manos de esos asesinos! Si algo así vuelve a ocurrir, ese acto debería ser considerado casus belli y habría que actuar de inmediato en el País Vasco, con o sin el permiso del Gobierno.

Recordé, asimismo, la sangrienta lista de atentados realizados por esa organización armada contra miembros de las Fuerzas Armadas desde el año 1977 sin que éstas, finalmente, llegaran a intervenir; aunque sí fueron «cargando sus baterías» de insatisfacción, ansiedad, odio y complejo colectivo de haber sido engañadas. Y, cómo no, rememoré las confidencias y comentarios, algunos recibidos muy recientemente, de bastantes compañeros de otras regiones militares sobre tomas de postura claramente involucionistas por parte de las primeras autoridades regionales castrenses de Sevilla, Valladolid, La Coruña, Baleares, Canarias y, por supuesto, Valencia (donde mandaba el general Milans del Bosch), cabezas rectoras del llamado «espíritu castrense de Játiva».

La última reunión de los jefes de cuerpo de la guarnición de Zaragoza con el capitán general, celebrada en una época (primeros de enero de 1981) en la que la situación parecía empeorar por momentos, me preocupó sobremanera. Sin embargo, ¿qué podía hacer yo solo? Zaragoza no era Madrid y mi pequeña Brigada de Infantería, en la que, por mi puesto, «disfrutaba» de la soledad de un minúsculo poder, no era el Estado Mayor del Ejército ni nada que se le pareciera. Mi superior jerárquico, el general en jefe de la Brigada, no estaba por la labor y se pasaba el día tomando «chiquitos» y pinchos de tortilla con su comandante ayudante de partenaire. La inmensa mayoría de los jefes de Cuerpo que asistía a las reuniones de Capitanía General eran disciplinados profesionales que oían al general Elícegui como si fuera el Espíritu Santo vestido de capitán general, y el resto de jefes y oficiales de la guarnición despotricaba en silencio en las salas de banderas sobre la desastrosa situación a la que nos abocaban los políticos sin que el rey hiciera nada por evitarlo, pero poco más. Obedecerían ciegamente al capitán general y a sus mandos naturales, fueran cuales fueran las órdenes que éstos pudieran dar contra el sistema. No tenían conciencia democrática arraigada, ni tampoco habían sido educados para pensar al margen de las consignas que recibieran de sus superiores.

Como consecuencia de las reuniones que, con carácter claramente involucionista, tuvieron lugar en casi todas las capitanías generales del país, en las que ejercían el mando militares franquistas de la rama más radical (algunas de las cuales, las llevadas a cabo en la V Región Militar, Aragón, acabo de trasladar al lector con detalle puesto que las viví personalmente), resultaba meridianamente claro, para los que de alguna forma vivíamos el problema a mediados del mes de enero de 1981, que la probabilidad de que se desatara en España, en los meses siguientes, un golpe de Estado en toda regla era altísima, casi rozando la certeza absoluta. Es más, ya se barajaba incluso en los ambientes más restringidos de los Estados Mayores una probable fecha: últimos días de abril o primeros de mayo de ese mismo año 1981.

Y para completar todavía más el círculo de preocupación y tristeza en el que nos debatíamos las escasas personas que en la Brigada estábamos al tanto de lo que se tramaba entre bastidores, pocos días después de la última reunión en el Centro Regional de Mando de Zaragoza recibimos en la unidad, por conducto reglamentario y con el máximo secreto, una orden de Capitanía para que con toda urgencia se empezara a acumular en sus depósitos de campaña «cinco días» de abastecimientos de todo orden (munición, carburantes, comida, repuestos... etc.) ante la eventualidad de que muy pronto pudieran tener lugar unas grandes maniobras en la zona del pantano de la Cuerda del Pozo, en Soria. Maniobras que podrían ponerse en marcha, con un preaviso de 48 horas, en cualquier momento a partir del día «D+15» de recibido el documento, clasificado de «máximo secreto».

La recepción de este escrito supone, incluso para el más lego en la materia, la suprema confirmación de que el día «D» de la operación, bautizada con carácter muy reservado en la Brigada desde octubre del año anterior como «Operación AS» (Adolfo Suárez), había sido ya elegido; así como decididas las acciones tácticas que lo tendrían como fecha inicial. Sin embargo, vuelvo a repetir, a los escasos demócratas que por aquellas fechas estábamos destinados en las diferentes unidades del Ejército español, tanto en Zaragoza como en otras guarniciones, no nos quedaba otra opción que esperar.

Nada se podía hacer. Ninguna orden ilegal se había impartido hasta la fecha. Lo único que empezaba a detectarse tenuemente en la calle era lo que los periodistas calificaban una y otra vez como incipiente «ruido de sables». Era un ingenuo eufemismo para disfrazar pesimismos y zozobras colectivos. Por eso los que formábamos parte del pequeño grupo de demócratas de uniforme, preocupados hasta la náusea, viendo cernirse la tragedia sobre nuestras propias cabezas y sobre las de nuestros conciudadanos, no dejábamos de preguntarnos con insistencia, un día sí y otro también: ¿Pero es que no oyen nada en Madrid? ¿No oyen nada en La Moncloa? ¿Y en La Zarzuela, qué piensan? No supe entonces con certeza lo que realmente ocurría en esos altos centros de poder político e institucional. Pero después, con el paso de los años, he querido saber, he investigado cuanto he podido, he leído, he hablado con muchos compañeros que fueron protagonistas y que tomaron decisiones trascendentes, he recibido confidencias inéditas... y ello me ha permitido adentrarme con bastante conocimiento de causa en nuestra desconocida historia reciente.

Comentaba hace un momento que «el cerco de los capitanes generales al Gobierno de Adolfo Suárez durante los últimos años de la década de los 70, no muy conocido ni valorado por la opinión pública española, se hizo más patente a lo largo de 1980 y muy preocupante después del verano de ese año». Así fue, desde luego. En noviembre de 1980, después de la segunda cita de los jefes de las unidades operativas de Aragón con el general Elícegui, llegó a mis oídos, por la cadena de información de la Brigada, la noticia de que los capitanes generales Merry Gordon, Campano, Milans del Bosch, Polanco, González del Yerro y el propio Elícegui, habían dirigido un escrito al rey pidiéndole la destitución de Adolfo Suárez en beneficio de la patria. El documento, redactado en terminología militar, parece ser que era muy respetuoso en la forma, como no podía ser menos por parte de unos subordinados que se dirigían a su jefe natural, pero revelaba una gran firmeza y unidad.

Como consecuencia del mismo, el rey habla reservadamente con algunos de los firmantes (en concreto recibe al general Milans del Bosch en La Zarzuela, a mediados de diciembre de 1980, según me comunicará él mismo personalmente en la entrevista que ambos celebramos en la prisión militar de Alcalá de Henares a primeros de marzo de 1990) que le transmiten nuevamente sus inquietudes y sus deseos en relación con un hipotético cambio de Gobierno que enderece la situación del país. El Borbón no contesta ni oficiosa ni oficialmente a la misiva; lo que no impid que la clara presión de los «príncipes de la milicia» sobre el jefe del Estado trascienda a las unidades militares, a los cenáculos políticos e, incluso, a determinada prensa, la clase política empieza a dar síntomas de desasosiego y los rumores de reuniones de líderes socialistas, comunistas, centristas, etc., etc., con militares de alto rango se suceden y se mezclan en los periódicos y en los mentideros capitalinos con otros que hablan de encuentros claramente subversivos entre generales franquistas.

En estos días de noviembre llega también a la prensa, por una filtración interesada, el Informe Quintero sobre el golpe militar llevado a cabo por el Ejército turco un par de meses antes, concretamente el 12 de septiembre de 1980. Federico Quintero Morente, coronel de Caballería, es a la sazón agregado militar en Ankara y ha redactado el famoso informe por obligación de su cargo. Sin embargo, el momento en el que ve la luz (con una situación socio-política en nuestro país claramente degradada y muy parecida, salvo matices importantes, a la sufrida por Turquía meses atrás) y las características personales de su autor. hacen que el documento, en principio de carácter reservado y dirigido a la División de Inteligencia del EME, se desvíe de sus cauces reglamentarios y se convierta en vox populi, por lo menos para las clases mejor informadas de la nación.

El Informe Quintero, como digo, resulta muy interesante, además de por las similitudes políticas hispano-turcas, por la personalidad de su autor. Este hombre, «sempiterno espía castrense», era entonces muy conocido dentro del Ejército. En la década de los 60 perteneció a los servicios de información del almirante Carrero Blanco (SECED, Servicio Central de Documentación), y actuó sin contemplaciones en los últimos años de esa década contra los grupos anti-régimen que operaban en distintas universidades españolas. Después fue jefe superior de policía de Madrid, dejando tras de sí un amargo recuerdo de dureza e intransigencia. Pasó luego al Estado Mayor Central (Dirección de Enseñanza) y, más tarde, a la Secretaría General del EME, donde le sorprendió el Sábado Santo «rojo» de 1977, interviniendo, cómo no, en la redacción de la durísima nota del Consejo Superior del Ejército contra la legalización del PCE. La reacción del vicepresidente para Asuntos de la Defensa, Gutiérrez Mellado, contra los autores materiales del escrito (coronel Álvarez Alba, teniente coronel Ponce de León y él mismo), le obligó a dejar la Secretaría General. Profesional de la información militar y de profundas convicciones franquistas, nunca dejó de estar vinculado a su antiguo jefe del SECED, el coronel José Ignacio San Martín, y, por lo tanto, al «Colectivo Almendros» que, por estas fechas (19 de noviembre), sale a la luz pública como promotor del «movimiento de mayo» o «golpe duro a la turca».

El Informe Quintero, repito, no era otra cosa que el análisis de un profesional de la información sobre el golpe militar acaecido en Turquía en septiembre de 1980. A muchos en España este trabajo, indebidamente publicado, les vino como anillo al dedo para establecer paralelismos y, sin duda, dados los ánimos militares en aquellos momentos, contribuyó a fortalecer la acción involutiva que se estaba fraguando en las altas esferas castrenses. Aunque aquí, afortunadamente, no llegaría a cuajar como en el país otomano porque, según se verá más adelante, no se trataba de una sola maniobra involucionista en marcha sino de varias, cada una de las cuales perseguía unos objetivos y unos fines políticos distintos, a alcanzar con estrategias diversas, en plazos no coincidentes y a cargo de líderes desconfiados y ambiciosos, dispuestos a no dejarse arrebatar el más mínimo protagonismo. Luego, en capítulos sucesivos, clasificaremos y analizaremos en profundidad los diferentes planes golpistas en preparación ya adelantada en este noviembre de 1980 que estamos recordando. Ahora, retomemos la dura ofensiva de los generales contra Suárez en la que estábamos hace un momento y que se encontraba, asimismo, en plena ebullición.

El rey no acusa recibo del escrito de censura contra el presidente del Gobierno que le es dirigido en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero en su discurso de Navidad refleja claramente su preocupación por la situación del país y pide la unión y la cooperación de todos, civiles y militares, para transformar y estabilizar España. Al menos de cara a la opinión pública, nada indica que en estas fechas, últimos días de diciembre de 1980, don Juan Carlos de Borbón haya enfriado sus relaciones con el presidente del Gobierno, pero algo se cuece sin duda entre los bastidores regios.

Esas mismas Navidades, don Juan Carlos y Suárez, mantienen una entrevista en Baqueira Beret en la que el rey le hace ver a su interlocutor el malestar del Ejército, con referencias claras al escrito de los capitanes generales, a la posibilidad real de un golpe militar y a la conveniencia de buscar soluciones políticas inmediatas ante la grave crisis que se avecina. No le pide que dimita a corto plazo, pero le manifiesta con rotundidad que el bien del país, del régimen democrático que ellos encabezan y la continuación sin traumas de la transición política, pasan por detener cuanto antes su enfrentamiento suicida con un Ejército que busca, sobre todas las cosas y desde la primavera de 1977, el relevo en la cúpula del Gobierno de la nación. Es un aviso urgente e importante de don Juan Carlos, quien, en estas vacaciones de Navidad, tiene sobre su mesa un informe reservado y alarmante, procedente del general Alfonso Armada (remitido desde Lérida y que su Secretaría General en Madrid le ha hecho llegar con urgencia), que no deja lugar a dudas sobre el vertebramiento de un golpe militar duro contra la democracia y la monarquía, así como sobre la urgente necesidad de contrarrestarlo por medio de medidas de corte político y militar.

A esta reunión de Baqueira Beret acude, pues, don Juan Carlos, con la decisión ya tomada de impulsar un cambio en la Presidencia del Gobierno de la nación forzando la dimisión de Adolfo Suárez. Peligra su corona y todo el entramado político-social trabajosamente levantado sobre el, todavía, poderosísimo aparato franquista. Un error o una falta de decisión suya en esos delicados momentos puede propiciar la catástrofe. El Ejército, la única institución capaz de arruinar por sí sola todas las expectativas de cambio, está crispado por el terrorismo, el separatismo, la pérdida de protagonismo y la sensación, cada día más fuerte, de que la Historia, a través del primer presidente de la nueva democracia española, Adolfo Suárez, le está jugando una mala pasada invirtiendo el signo de la victoria de 1939. Hace escasos días que sus máximos representantes (los capitanes generales), de forma harto inusual y antirreglamentaria, le han pedido con toda la claridad la cabeza política del presidente del Ejecutivo. ¡O se va de una vez ese engreído político, que está destruyendo el país, que ha osado enfrentarse al Ejército victorioso de Franco, tratando de engañar a sus más preclaros generales, o se actuará en consecuencia, caiga quien caiga, incluido el propio monarca elegido por el mítico militar para continuar su obra!, podría ser la síntesis escueta y terrible del nítido mensaje que los más altos uniformados españoles, a punto de perder los nervios, han elevado a su capitán general y jefe supremo.

Don Juan Carlos lo tiene claro desde hace ya varias semanas y con los fieles generales de su entorno (Armada, Fernández Campo y los tres miembros de la junta de jefes de Estado Mayor) prepara una salida, lo más constitucional y democrática que sea posible, al fuerte órdago castrense del próximo mes de mayo. Hay que parar como sea la Operación Almendros, que está fuertemente apoyada por una trama civil ultra y nada monárquica por ende. Es el mayor peligro que acecha a su corona y al cambio democrático desde que subió al trono en noviembre de 1975.

El primer paso a dar es evidente: Suárez debe abandonar su puesto cuanto antes. La patria lo exige y el carismático político abulense debe comprenderlo. Adolfo Suárez, efectivamente, lo entiende. Después de hablar largamente con el rey sabe que ha perdido la batalla, que el Ejército al final le ha vencido. No hay, de momento, plazos para que se vaya, pero tendrá que tomar una decisión pronto si quiere contribuir a la estabilización del país. Por otra parte, el frente militar no es el único que tiene abierto. Su partido, la UCD, se desintegra por momentos y el Congreso de Mallorca se presenta bastante incierto... Se cuestiona ya abiertamente su liderazgo por parte de algunos ambiciosos «barones». El de Cebreros se siente cansado, harto, traicionado, pero su moral aún permanece alta. Es un corredor de fondo de la política y en épocas pasadas, no demasiado lejanas en el tiempo, ya ha tenido que tomar decisiones dolorosas y traumáticas. Si tiene que irse, se irá, dejará el campo de batalla por sorpresa, antes de lo que piensan sus enemigos. Así arruinará sus planes a largo plazo. Será sólo una batalla perdida y jamás arriará sus banderas. Cree que tiene mucha vida pública por delante y, a no tardar, volverá a la arena política con nuevos proyectos, con un nuevo partido centrista, cohesionado, fiel a su persona, y capaz de ilusionar nuevamente a la sociedad española. Sabe que ésta le admira, que le quiere y se siente agradecida por su labor valiente, inteligente y abnegada de los últimos años. Resulta totalmente diáfano ahora, muchos años después, que Adolfo Suárez pensó algo muy parecido a todo esto al salir de su entrevista con el rey en Baqueira Beret. Los acontecimientos posteriores lo han corroborado. Pero no quiero incidir demasiado sobre lo ya conocido.

Recordando las palabras del general Elícegui en la reunión celebrada en la Capitanía General de Zaragoza, a mediados de enero de 1981, uno llega a la conclusión de que el rey, en esos días, ya había dado garantías a los capitanes generales sobre la definitiva defenestración de Adolfo Suárez. Los había tranquilizado sin duda sobre el futuro inmediato de la nación. Pero también resulta evidente que éstos no se habían quedado tranquilos con las previsiones regias y que la operación involucionista de mayo (no de coroneles, como se ha escrito en la prensa hasta la saciedad, sino de capitanes generales auxiliados por sus Estados Mayores, por coroneles y tenientes coroneles jefes de cuerpo, y también por el aparato político-periodístico franquista) no fue desactivada ni por esas previsiones, ni siquiera por la dimisión de Suárez, oficializada el 29 de enero de 1981. La amplia conspiración castrense siguió su curso de planeamiento y sólo sería abortada en última instancia, tras el afortunado «fichaje» del capitán general Milans del Bosch para la llamada «Solución Armada», por la maniobra político-militar desencadenada en la tarde-noche del 23 de febrero de 1981. Maniobra, que no se desarrollaría, ni mucho menos, como la previeron sus organizadores por varias razones pero, sobre todo, por la «salida de guión» de uno de sus más importantes protagonistas, el teniente coronel Tejero. Más tarde lo veremos. No adelantemos ahora acontecimientos en bien del complejo relato de un hecho que, posiblemente, sea el más interesante y enigmático de la vida política española de la segunda mitad del siglo XX.

Hecho histórico, el 23-F, al que hay que arrojar de una vez por todas la luz y taquígrafos que necesita después de tantos años de sombras y dudas. Sin miedos, sin tabúes y sin complejos de ninguna clase. Trataré, en éste y en los próximos capítulos del presente libro, de clarificar sus entresijos. Ahora, acabemos con el tema que nos ocupa, la sorpresiva dimisión del presidente Suárez en los últimos días de enero de 1981.

A comienzos de ese año 1981, la olla a presión castrense española está a punto de estallar, calentada en demasía tanto por la propia cúpula militar como por el residual aparato político-social franquista, que tiene en sus medios de comunicación una punta de lanza todavía poderosa.

Los actos programados para la Pascua Militar pueden ser los primeros barómetros públicos que midan su peligrosa presión interna. Como todos los años, se preparan en las cabeceras de las distintas regiones militares y el de Madrid, con la segura presencia del rey y de la cúpula militar, promete ser tenso. El ambiente político y social ha continuado degradándose en los últimos meses, ya que el terrorismo ha seguido golpeando con dureza a las Fuerzas Armadas, la crisis económica no mejora, el partido que apoya al Gobierno, Unión de Centro Democrático, se desintegra, y cunde por doquier una sensación de frustración y duda. No se vislumbra a corto plazo una salida a todo esto y la nave del Estado parece haber perdido definitivamente el rumbo.

En Zaragoza, guarnición en la que continúo al frente de la jefatura de Estado Mayor de la Brigada DOT V, cunden los rumores sobre posibles acontecimientos cercanos, sobre todo en los altos niveles de mando, en los círculos restringidos de sus Estados Mayores y en las jefaturas de las Armas y Servicios. Los canales de Inteligencia privilegiados y los contactos directos, tanto entre personas como entre organismos, alimentan, con datos no siempre fiables, la espiral de la información sumergida. El órgano con más conocimiento de causa es, obviamente, el Estado Mayor de Capitanía donde dispongo de muy buenos amigos en las Secciones de Operaciones (G-3) e Inteligencia (G-2), pero de donde recibo más información confidencial o secreta es de Madrid, del Estado Mayor del Ejército, procedente de antiguos compañeros destinados allí con los que no he roto los lazos de amistad y cooperación.

Para que no me desborden los acontecimientos necesito estar puntualmente informado de todo lo que ocurre en Madrid. Ya sé como piensa el capitán general de Aragón y soy consciente, en consecuencia, que con el general de la Brigada enfermo y mal visto por su superior, tendré que tomar alguna decisión importante si se precipitan los acontecimientos. La Brigada es la única gran unidad operativa en la ciudad de Zaragoza, con importantes destacamentos en Huesca y Barbastro, y su actuación, puede ser decisiva para el posicionamiento de toda la Capitanía General del Ebro.

Por mis confidentes en la capital del Estado me entero de algunas reuniones de generales y altos oficiales de esa guarnición en los días previos a la Pascua Militar, que no han trascendido ni a la opinión pública ni a los estamentos medios y bajos del Ejército. En relación con ellas, después del «intento de golpe del 23-F», algunas fuentes involucionistas y bastantes periodistas e «investigadores» hablaron de una muy importante celebrada el 5 de enero, víspera, por lo tanto, del tradicional acto castrense. A ella habrían asistido nada menos que 17 tenientes generales, además de algunos mandos de menor rango, y en el curso de la misma se habría planteado la necesidad de una acción militar rápida para salvar la caótica situación del país, al estilo puro y duro puesto en marcha por el Ejército turco en septiembre del año anterior. Sólo Milans del Bosch y otro general habrían exigido que esa hipotética acción respetara la institución monárquica, mientras que la mayoría de los asistentes optó por acabar con ella por la brava e implantar un sistema republicano presidencialista dirigido por un militar.

No es cierto, a raíz de la información de que dispongo y que fue extraída en su día de los más altos organismos de Inteligencia del Ejército, que en esa fecha del 5 de enero de 1981 se celebrara en Madrid una reunión tan importante y trascendente como la anteriormente señalada; y menos lo es todavía que a ella asistieran 17 tenientes generales del Ejército español con el exclusivo fin de atravesar, todos juntos, el Rubicón golpista. Más aún, porque tampoco es cierto que el teniente general Milans del Bosch estuviera ese día en Madrid. En la jornada siguiente debía presidir el acto de la Pascua Militar en Valencia (como el resto de los capitanes generales de región militar debían hacer lo propio en la cabecera de la suya respectiva) y difícilmente hubiera podido reunirse el día 5 en Madrid con sus pares jerárquicos regionales; teniendo en cuenta, además, que tanto Milans como sus altos compañeros debían de contar con el preceptivo permiso reglamentario para abandonar sus circunscripciones castrenses. Por otra parte, la cifra de «príncipes de la milicia» citada, 17, es totalmente descabellada a no ser, claro está, que en ella estuviesen incluidos abundantes generales en la reserva y no sólo generales con mando en plaza. De ser así, la citada reunión golpista, a todas luces falsa, no hubiera pasado de ser una nostálgica asamblea de jubilados y pensionistas.

Lo que sí parece fuera de toda duda es que en la mañana de ese día 5 de enero se suceden en el Cuartel General del Ejército reuniones de alto nivel, fuera de las habituales de trabajo. Unas son oficiales, en el despacho del JEME, para ultimar detalles de cara al evento del día siguiente, y a las que asisten generales del propio Estado Mayor del Ejército, del Mando Superior de Personal, del de Logística y de algunas direcciones generales; y otras no tan oficiales, en los despachos de algunos de los asistentes a las anteriores, en las que toman parte varios altos mandos de la guarnición de Madrid invitados al acto de felicitación ministerial que tradicionalmente se celebra ese día en los cuarteles generales de los tres Ejércitos. No es que estas reuniones del 5 de enero de 1981 resulten especialmente llamativas y provocadoras, tanto de cara a la propia Institución como hacia fuera. En otras épocas y en otros momentos especialmente delicados de la transición, se realizaron «cónclaves» parecidos (de alguno de ellos fui testigo presencial) en el palacio de Buenavista, sin que nadie se rasgara las vestiduras y sin crear especiales reticencias en la calle o en la clase política. Si me he referido a ellas en estos momentos es porque se ha intoxicado mucho a la opinión pública española con inexistentes reuniones golpistas en las semanas anteriores al 23-F, como la absurda y antes mencionada de 17 tenientes generales en Madrid. Todo ello sin que ninguno de los numerosos periodistas e investigadores de café, que durante años, «analizaron» la famosa asonada, supiera distinguir muy bien de qué golpe hablaban en cada caso ya que, además del falso que finalmente todos conocimos, se preparaban en España otros tres, el más importante de los cuales miraba a Turquía como fuente de inspiración. Y, además, con algunos de sus protagonistas jugando a varias bandas. Pero no se asuste el lector. Estoy totalmente dispuesto, y documentado, para que ese cúmulo de golpes, asonadas, cambios de rumbo político, maniobras palaciegas defensivas y querencias involucionistas que se preparaban para salir a la luz en la atormentada España de enero de 1981 lleguen próximamente, perfectamente estudiados, diseccionados y diagnosticados, a las páginas del libro que tiene en sus manos.

Había en esas fechas, efectivamente, planes sediciosos que apuntaban hacia una involución traumática en este país dentro de la dinámica de aquel «espíritu de Játiva» de septiembre de 1977, contrario a la monarquía y a la democracia; pero a esas alturas los capitanes generales simpatizantes de la idea no habían adoptado todavía una posición al respecto en su totalidad como para acudir a una cita golpista multitudinaria en Madrid. El mero hecho de plantearla habría supuesto una total falta de inteligencia y prudencia por su parte. Los contactos, que los había, y muchos, se realizaban a través de enviados especiales de nivel medio, nada sospechosos.

Si hay algo creíble en las referencias periodísticas y panfletarias a esa supuesta reunión de máximo nivel del 5 de Enero, a la que antes me refería, sería el rechazo frontal que hubiera expresado el general Milans del Bosch (de haber asistido) a acabar con la monarquía de don Juan Carlos; postura que ya había adoptado con toda claridad en Játiva, años antes, y refrendado después en numerosos contactos personales con sus compañeros en los que siempre rechazó la idea de una República para España, aunque fuera presidida con todos los honores por un militar. En su cabeza siempre estuvo presente el antecedente de Primo de Rivera y desde los años 70 venía trabajando sin descanso con un único norte: un Gobierno fuerte de corte castrense que durante bastantes años fuera capaz de dirigir con acierto los destinos de la patria, permitiendo el inicio de un proceso democrático ralentizado al máximo, y con la monarquía borbónica dando brillo exterior a un nuevo franquismo disfrazado.

Esta disparidad de criterios con los otros tenientes generales le llevó a Milans a separarse ideológicamente del «movimiento de mayo» o «golpe duro a la turca» (aunque sin romper nunca del todo con ellos, e intentando atraerlos en última instancia a su teoría), y a dedicar todos sus esfuerzos al nuevo proyecto político que debería enderezar, cuanto antes, la peligrosa situación política del país; pasando, si era absolutamente necesario, por la acción militar que lo hiciera posible. «Democracia no, monarquía sí» seguía siendo su lema desde el mes de abril de 1977 en que a punto estuvo de ordenar el «¡adelante!» a sus batallones de carros de combate de la División Acorazada Brunete.

Así las cosas, Milans del Bosch se reúne el día 10 de enero en Valencia con el general Armada, a instancias de éste, quien en plena planificación de la operación que ya se conoce en amplios ambientes políticos como «Solución Armada», trata de captarlo para una reconducción política incruenta, salvadora de la monarquía en peligro. Y también se reúne el día 18 del mismo mes en Madrid con una muy importante representación de sus leales, a los que les presenta, ya ultimado, su plan de acción «primorriverista» trufado con los últimos arreglos pactados con Armada.

Pero dejemos un momento los planes que bullen en la cabeza del teniente general Milans del Bosch a 18 de enero de 1981 (el 23 de febrero queda todavía lejos, y hasta última hora nada estará decidido), que luego volveremos sobre ellos. Sigamos adentrándonos en los movimientos involucionistas, o por lo menos antigubernamentales, que en estas fechas buscan ya decididamente la cabeza política de Adolfo Suárez.

Aparte de la famosa reunión de la calle Cabrera de Madrid, celebrada el 18 de enero, a la que me acabo de referir y que ha tenido siempre tratamiento preferente (no sé exactamente por qué) en el abigarrado conjunto de libros, libelos, novelas y panfletos que sobre el 23-F se han lanzado a los sorprendidos ojos de los españoles durante los últimos años, mucho se ha escrito también, sobre todo en ambientes de la extrema derecha, sobre un hipotético y rocambolesco encuentro de tres tenientes generales (Milans del Bosch, Merry Gordon y González del Yerro) con el presidente
Suárez en La Zarzuela, con pistola de por medio, durante el despacho de éste con el rey el día 22 de enero de 1981. Incluso algún que otro intrépido periodista de renombre se atrevió a publicar un libro (El quinto poder, 1995) con este falso suceso como leiv motiv, lo que provocó de inmediato la airada protesta en la prensa del mismísimo Adolfo Suárez (Historia de la democracia, capítulo diez. El Mundo, 1995), quien tuvo a bien remitir al desinformado autor, y también a todos los ciudadanos españoles amantes de la verdad, a las modestas investigaciones del que esto escribe publicadas en 1994 (La transición vigilada) y que, según el ex presidente del Gobierno español, son absolutamente veraces.

El suceso, inventado en ambientes de la extrema derecha castrense, se recogió así en numerosas publicaciones y medios de comunicación: El presidente del Gobierno, invitado a tomar café con el monarca después del despacho, se habría topado con los tres altos mandos militares, quienes, en una ausencia interesada de don Juan Carlos, le habrían plantado la necesidad de su urgente dimisión. En el curso del forcejeo dialéctico consiguiente, uno de los tres generales habría reforzado sus argumentos intimidatorios contra Suárez sacando sus poderes a relucir en forma de pistola reglamentaria colocada sobre la mesa. En este hipotético escenario de país bananero, el presidente en un principio habría discutido acaloradamente con sus supuestos interlocutores para sucumbir después de manera incondicional ante la «razón» de la fuerza bruta. Tras ello, cuando el rey hizo nuevamente acto de presencia en la sala, la dimisión presidencial estaba ya ampliamente «consensuada».

Semejante secuencia, propia más bien de una película barata de espías y golpes de Estado tercermundistas, no resiste el menor análisis riguroso: los tenientes generales, los máximos responsables de los Ejércitos en los países civilizados (y España, aún con el lastre de cuarenta años de dictadura, seguía siendo civilizada y europea en ese dramático año de 1981), por muy autoritarios que sean y por mucho que aspiren a cambiar el régimen político imperante en la nación que les ha aupado a tan altos puestos de la jerarquía castrense, no andan por ahí sacándole las pistolas al jefe de Gobierno de turno para meterle el miedo en el cuerpo y conseguir su renuncia. Es más, una actitud así es impensable, falta de inteligencia, pueril, ridícula, aparte de inoperante y totalmente inapropiada para conseguir tales fines, puesto que ningún presidente de Gobierno elegido democráticamente (absolutamente ninguno) cedería jamás a tan burda maniobra, arriesgando si fuera preciso su propia vida. Hay ejemplos recientes muy relevantes de conductas impecables, casi heroicas, protagonizadas por carismáticos líderes democráticos (en estos momentos mi recuerdo está con el valeroso presidente de Chile, Salvador Allende) que han preferido la muerte antes que claudicar ante la sinrazón y la barbarie de las armas.

Por supuesto que el presidente Suárez (y así lo ha expresado él mismo después con toda firmeza) nunca hubiera aceptado tamaño chantaje. Tenía entonces (ahora desgraciadamente ya no debido a su irreversible enfermedad) arrestos más que suficientes para haberse opuesto a él con todas las consecuencias. Pero es que, además, esta demencial historia (que, repito, ha sido recogida a lo largo de los años por numerosos periodistas y autores de versiones noveladas del 23-F), este rocambolesco episodio de los tenientes generales, presuntamente golpistas, ejerciendo de pistoleros al más puro estilo hollywoodense, utilizando al rey como anfitrión y el palacio de La Zarzuela como «saloon» para sus aventuras políticas de corte facineroso, nació en los ambientes más ultras de las Fuerzas Armadas y fue puesta en circulación para seguir desestabilizando aún más al Ejecutivo después del triste suceso de la Carrera de San Jerónimo de Madrid; utilizando para ello los muchísimos panfletos que, permisivamente, recorrieron los cuarteles hispánicos de norte a sur y de este a oeste.

Los altos mandos del Ejército, los tenientes generales, por supuesto que presionaron (y amenazaron), como vengo repitiendo machaconamente desde hace años, para conseguir la dimisión de Adolfo Suárez. Pero, ni personal ni colectivamente, le plantearon directamente jamás sus exigencias al presidente. Utilizaron para esa presión institucional nada menos que a su capitán general, a su superior jerárquico constitucional, al jefe supremo de las FAS: el rey. Y desarrollaron esa presión contra Suárez de manera inmisericorde durante meses, sobre todo a lo largo del mes de enero de 1981 en el que el pulso castrense fue brutal.

En audiencias personales, en escritos colectivos de dudosa legalidad, en charlas informales con motivo de eventos castrenses tradicionales e, incluso, en documentos reservados de los servicios de Inteligencia fuera de los conductos reglamentarios, los «príncipes de la milicia» españoles plantearon una y otra vez al rey la necesidad de moderar la marcha de la transición política buscando soluciones urgentes para el terrorismo, los sentimientos nacionalistas exacerbados, la preocupante situación económica del país, el estado de las FAS...; en una palabra, modificando el rumbo de la nave del Estado por el expeditivo sistema de relevar del puesto, de un plumazo, a su capitán. Peticiones o presiones de los altos jerarcas del Ejército que, por antirreglamentarias y por ser cursadas fuera de los cauces normales de relación jerárquica e institucional, pusieron en un grave aprieto a su regio destinatario.

El 22 de enero de 1981, efectivamente, el presidente Suárez despacha con el rey en La Zarzuela. Los problemas son muchos y muy variados, y la reunión, según informaciones fiables, es muy tensa, difícil. El soberano, ya desde las Navidades pasadas, viene optando por los militares en su contencioso contra Suárez. Está al corriente tanto de los golpes castrenses en preparación (el «turco» de mayo y el «primorriverista» de Milans), como también de los intensos contactos que mantiene su fiel Armada para buscar, urgentemente, una salida constitucional a la grave crisis que padece el país. Dentro de las necesarias medidas previas a esta «Solución Armada» figuran, en lugar destacado, la dimisión de Adolfo Suárez y el traslado de este general de División a Madrid desde su puesto de jefe de la División de Montaña Urgel n.° 4 y gobernador militar de Lérida, por lo que don Juan Carlos comienza el despacho interesándose por este último tema, ya tratado en anteriores ocasiones con Suárez.

El presidente del Gobierno siempre ha estado, y sigue estando, en contra del cambio de destino de Alfonso Armada, actitud en la que es apoyado sin reservas por su ministro de Defensa, Rodríguez Sahagún. El JEME, general Gabeiras, ha hablado repetidas veces sobre el asunto con el ministro, quien se ha resistido prudentemente a tomar cualquier medida en ese sentido. ¿Qué papel y de qué carácter, está previsto desempeñe Armada en Madrid para que tenga que abandonar precipitadamente un alto mando operativo en Lérida? ¿Por qué esa insistencia del general Gabeiras, siguiendo perceptibles recomendaciones de La Zarzuela, para hacerlo efectivo cuanto antes?

Ni Adolfo Suárez ni Agustín Rodríguez Sahagún han entendido muy bien, desde el principio, la necesidad de que este general, antiguo secretario general de la Casa del rey, amigo personal del monarca y protagonista en los últimos meses de una muy comentada actividad política subterránea, «desembarque» en Madrid en un puesto militar importante. De hecho se han opuesto a ello dando largas a las peticiones regias. Adolfo Suárez le hace ver a don Juan Carlos que el cambio de destino a Madrid del general Armada puede ser prematuro en esos momentos. Ni la jefatura de Artillería ni la segunda jefatura del Estado Mayor del Ejército, únicas vacantes que podría cubrir, son puestos con la relevancia necesaria para él, aunque el segundo de ellos sea importante a nivel ejecutivo. Convendría, pues, razona el de Cebreros, esperar su ascenso a teniente general y destinarlo después a un cargo acorde con sus cualidades y conocimientos profesionales. Don Juan Carlos no insiste, cambia el tercio de la conversación y aborda otros temas: viaje real al País vasco, situación en el Ejército en las últimas semanas, novedades en política exterior... No quiere dar la impresión de que está profundamente interesado en tener cuanto antes a Armada en Madrid. Por cierto, en este asunto del destino del general Armada a Madrid, aparentemente baladí, se encierran algunas claves importantes para entender mejor todo lo que ocurriría después en la tarde-noche del 23 de febrero de 1981. El interesado, el propio general don Alfonso Armada y Comyn, ha contribuido con sus manifestaciones (y evidentes contradicciones) a que mucha gente (y sobre todo los investigadores de aquel enigmático evento) hayamos prestado especial atención a un asunto que, de entrada, no revestiría trascendencia alguna: el cambio de destino profesional de un militar, por muy general que sea y por muy importantes que hayan sido sus cometidos anteriores. A no ser, claro está, que este cambio de guarnición del castrense en cuestión fuera determinante para el éxito o el fracaso de una operación político-militar de altos vuelos que podría suponer, caso de concretarse, un auténtico revulsivo político nacional y llevar al susodicho militar nada menos que a la presidencia de un nuevo Gobierno de salvación nacional o de concentración (o de ambas cosas a la vez).

Y dejando, de momento. la cuestión del destino a Madrid del general Armada que, repito, no fue nada baladí, sino que tuvo serias repercusiones en los acontecimientos posteriores que pronto vamos a revivir, adentrémonos ya definitivamente en la dimisión de Adolfo Suárez. Hablamos de un importante evento de la reciente historia de España, no sólo por su intrínseca trascendencia sino porque significaba, de hecho, el encender una potente luz verde para que empezaran a desarrollarse otros preocupantes sucesos por venir.

La entrevista del presidente del Gobierno con el rey, el 22 enero de 1981, resulta determinante para la dimisión del primero. Sin rocambolescas presiones de generales golpistas in situ, pero con la evidencia clara, por parte de Suárez, de que éstas existen, de que los militares están preparándose para la acción (el CESID le había elevado un preocupante informe sobre las maniobras involucionistas en marcha en noviembre del año anterior), de que don Juan Carlos, seriamente preocupado, busca ya una salida constitucional a la situación al margen de su persona, y de que su partido, la UCD, está abocado a la desunión e incluso a la desintegración próxima... en su mente de hombre de Estado empieza a abrirse camino la solución más digna para todos sus problemas. Hay momentos, piensa sin duda, en que un gran hombre (y él, en esos momentos, se tiene en una gran autoestima), un gran político (y él se sabe con un haber público incuestionable y una gran admiración por parte del pueblo español), debe saber decidirse por lo más doloroso a título personal para dejar la puerta abierta a la esperanza colectiva... y a un regreso triunfal cuando cambien las circunstancias.

Se siente triste, incomprendido y abandonado en la soledad del poder, no por el pueblo, sino por una clase política vengativa y ruin que no le perdona sus éxitos en una transformación política sin parangón en la Historia con mayúsculas. A los militares, a los generales franquistas que no pueden comprender el trascendental momento histórico que vive el país, los desprecia en lo más íntimo de su ser, los ignora. El Ejército siempre ha sido una gran rémora para sus planes políticos; tendrá que maniobrar rápidamente para desmontar su órdago institucional antes de que sea demasiado tarde.

Adolfo Suárez sale de La Zarzuela, el jueves 22 de enero de 1981, más pronto que de costumbre. Debe viajar a Sevilla por asuntos políticos. El rey, molesto y preocupado después del encuentro, le llama al aeropuerto. Le dice que comprende su postura sobre los temas tratados esa misma mañana en el despacho oficial: destino de Armada, análisis de la situación militar, perspectivas políticas... y le da ánimos. Pero esa llamada telefónica será ya definitivamente la certificación de la ruptura, de que todo ha acabado entre ellos a nivel político; sólo un fuerte sentimiento de amistad y agradecimiento recíproco sobrevivirán a la separación definitiva.

En el desgraciado mes de enero de 1981 el Ejército español casi en pleno conspiraba contra Adolfo Suárez; una gran parte de ese mismo Ejército (con la mayoría de tenientes generales en activo) conspiraba contra la democracia y la corona; una pequeña parte, con algunos generales monárquicos de fuste a la cabeza, trataba por todos los medios (en principio constitucionales) de salvar ambas instituciones, sobre todo la segunda; unos pocos coroneles y tenientes coroneles trabajaban a destajo para poder poner en marcha planes superiores nada constitucionales; y la mayoría de jefes y oficiales de ese mismo Ejército (tenientes coroneles y comandantes, sobre todo) asistíamos estupefactos al insólito espectáculo de la preparación del nuevo órdago (u órdagos) contra el poder civil. Pero todo se desarrollaba en la sombra, en silencio, bajo presiones jerárquicas insoslayables... que es tácticamente la forma correcta de proceder siempre que se
preparan cambios institucionales traumáticos.

El día 23 de enero, como todos los días de esa preocupante cuarta semana del calendario, se producen nuevas reuniones en Madrid y en casi todas las capitanías generales, unas más importantes presididas por las primeras autoridades regionales y otras menos a cargo de jefes de Estado Mayor y oficiales superiores, pero son similares, sobre todo las primeras, a las ya relatadas de la ciudad de Zaragoza a las que tuve la obligación de asistir. En la capital de la nación el lugar elegido para llevarlas a cabo es el Cuartel General del Ejército, donde la inmensa población fija de uniforme (más de dos mil personas) siempre ha facilitado cualquier contacto castrense que quiera pasar desapercibido. También se suceden importantes encuentros en la calle Vitrubio, en la sede del Estado Mayor Conjunto de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Téngase en cuenta que en las fechas en que nos movemos estaban en marcha cuatro acciones paralelas ¡cuatro! dentro de las Fuerzas Armadas (algunas con evidentes apoyos fuera de las mismas) para parar, o por lo menos transformar, la transición política en marcha; de las cuales, las dos mas importantes contaban, en su dirección, con los más altos jerarcas castrenses.

La actividad militar era, pues, muy grande en los últimos días del primer mes de 1981; pero aparte las de tipo general ya comentadas, en ese mes de enero se produjeron dos reuniones de especialísimo interés: la del día 10, en Valencia, entre los generales Milans del Bosch y Armada, y la del 18, en Madrid, a la que asistieron Milans, Torres Rojas, Mas Oliver, Tejero, García Carrés, varios generales, almirantes y coroneles en activo, además de otros altos militares en la reserva como los tenientes generales Iniesta Cano y Cabezas Calahorra.

También fueron muy importantes, aunque trascendieran lógicamente mucho menos a la opinión pública, los constantes contactos de emisarios, apoderados y validos de altas autoridades civiles y militares del Estado y de políticos en ejercicio, que recorrieron en jornadas maratonianas la piel de toro ibérica, e islas adyacentes, con consignas, propuestas, confidencias y secretos. Aunque luego, después de que la mascarada de Tejero saliera como salió, la mayoría de esas autoridades y de esos políticos optara cínicamente por mirar para otro lado, tratando de preservar su inmaculada imagen y su total desconocimiento del tragicómico evento. De todo ello pienso hablar más adelante. Ahora terminemos, aunque sea telegráficamente, con la particular «odisea» del presidente del Gobierno en desgracia, Adolfo Suárez.

El domingo 25 de enero toma el presidente Suárez, definitivamente, su decisión de dimitir. En la mañana del lunes 26 les comunica esa decisión (irrevocable) a sus más íntimos colaboradores de La Moncloa. Solicita de inmediato una audiencia al rey. El martes 27 acude a La Zarzuela y ofrece, protocolariamente, unas prudentes explicaciones al monarca: aumento de todo tipo de enfrentamientos en la UCD, pérdida creciente de apoyos sociales, campaña de prensa contra su persona, bloqueo de la situación política... No son necesarias. Don Juan Carlos, ni sorprendido ni preocupado, se interesa mucho más por la salida constitucional de la crisis recabando el apoyo del general Sabino Fernández Campo. Todo resultó muy frío, muy esperado. Hasta tal punto que el presidente del Gobierno se sorprende, según comentaría después a sus fieles, por la excesiva naturalidad del monarca al buscar rápidamente su sustituto en la cúspide del Ejecutivo.

El 29 de enero de 1981, a las ocho de la tarde, la imagen del primer presidente de Gobierno de la democracia española después de la etapa franquista aparece patética en los televisores del país: «Me voy sin que nadie me lo haya pedido.» Pero el subconsciente le juega una mala pasada haciendo bueno el adagio latino: «Excusación no pedida, acusación manifiesta.» Habla de otras cosas, intenta vestir el muñeco de su retirada, buscar una justificación creíble para la mayoría de los ciudadanos, pero en su fuero interno sabe que los generales franquistas, a los que en su día despreció o minusvaloró, quizás imprudentemente, le han ganado la partida. Contiene la rabia, la impotencia. Se va, pero no está vencido. En lo más profundo de su alma está seguro de que esta despedida supone sólo el final de una desgraciada batalla, no de la guerra. Volverá y pronto. Un político como él, con los servicios prestados a la nación, a la democracia, no puede perder definitivamente.

Adolfo Suárez, uno de los mejores políticos españoles de todos los tiempos, el hombre carismático que con su sola presencia encandilaba a sus adversarios, el providencial artífice de unos pactos de La Moncloa que asombraron al mundo, termina su intervención ante las cámaras de la televisión. La historia política de este país, ingrato y difícil, acaba de pasar una de las más brillantes páginas de solidaridad y consenso que jamás se hayan escrito aunque, todo hay que decirlo, algunos de sus protagonistas secundarios tuvieran que dejar en el camino buena parte de sus convicciones e ideales.

El español de a pie, sorprendido por la inesperada despedida de su presidente, se pregunta incrédulo ante el televisor: ¿qué ha pasado?; ¿qué vendrá ahora? Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los que vimos aquel día el discurso televisivo del señor Suárez intuimos, con cierta preocupación, que lo peor estaba todavía por venir...

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Amadeo Martínez Inglés (Zaragoza, 1936). En 1953 ingresó en la Academia General Militar de esa ciudad y en 1958, ya con el grado de teniente, participó en la Guerra de Ifni mandando la Sección de Asalto del Batallón Tetuán n° 14 de Castellón. Por su actuación en esta contienda bélica, a lo largo de la cual efectuó arriesgadas operaciones de comando tras las líneas enemigas, fue propuesto por el coronel de su regimiento para la concesión de la Medalla al Mérito Militar. Se diplomó en Estado Mayor en 1969 y pasó varios años destinado en las unidades más operativas del Ejército español: Paracaidistas y Tropas Nómadas del Sahara.

Durante la transición ocupó puestos importantes en la cúpula militar: jefe de Movilización del Estado Mayor del Ejército y jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería de Zaragoza, realizando cursos en varios países y siendo, asimismo, profesor de Historia Militar y Estrategia en la Escuela del Estado Mayor. En 1987 alcanzó el grado de coronel. Es también diplomado de Estado Mayor por la Escuela de Guerra argentina y especialista en Estados Mayores Conjuntos (Tierra, Mar y Aire), carros de combate, paracaidismo militar, unidades motorizadas, operaciones aerotácticas y fotointerpretación aérea. Está en posesión de numerosas condecoraciones militares, entre ellas tres cruces del mérito militar de 1a clase y la Cruz y la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Es autor de varios libros de gran difusión como España indefensa, Mi lucha por un Ejército profesional, La transición vigilada, 23-F. El golpe que nunca existió o El Ejército español. De poder fáctico a ONG humanitaria.

La Fotocopia Mata Al Libro
El scanner lo revive (Nota del Scaneador)