Viene de aquí.
LA INFORMACIÓN ES PODER
-Década de los ochenta. El rey, después del 23-F, coloca a sus peones.
-Alonso Manglano, monárquico y buen amigo, director general del CESID.
-Los servicios secretos y la cúpula militar convierten al monarca en la persona mejor informada del país.
-Un Ejército sin soldados.
-El juicio de Campamento.
-La guerra sucia contra ETA.
-Los GAL.
-La «X» de Garzón debería llevar corona.
Tras el mal trago pasado en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 en la que, al abandonar precipitadamente la llamada «Solución Armada» por la impresentable actuación de Tejero, dejando a sus fieles edecanes de palacio a los pies de los caballos, se rozó la tragedia, pues hubo un peligro auténtico de que los belicosos capitanes generales franquistas adelantaran su terrible órdago contra la Corona, previsto para el 2 de mayo, el rey Juan Carlos decide aprovechar el final feliz de su arriesgada aventura personal y política para hacerse solapadamente con todos los resortes del poder del Estado. Ha pasado miedo, mucho miedo, tanto en los meses anteriores al «tejerazo» (en los que, viendo lo que se le venía encima, no tuvo más remedio que acceder a las «recomendaciones» de Armada autorizando la puesta en marcha de una compleja maniobra político-militar subterránea que desactivara el peligro cierto de involución en el que se debatía el país) como en las horas de tensión y duda que le tocó vivir después cuando, copado el Congreso de los Diputados y con los carros de combate de Milans deambulando sin rumbo por las calles de Valencia, decidió abandonarlo todo, vestirse el uniforme de capitán general y empezar de cero, llamando a la subordinación y a la cordura a los más altos jerarcas del Ejército.
Descabalgados del poder y en prisión sus otrora confidentes y validos, Armada y Milans, y con el único apoyo cierto en aquellos dramáticos momentos de los militares cortesanos destinados en su Casa Real y del capitán general de Madrid, Quintana Lacaci, decide por una parte «consagrar» a su nuevo hombre de confianza, el general Sabino Fernández Campo (que ha sabido estar a la altura de las circunstancias en el 23-F y le ha salvado la corona y hasta la vida) e iniciar una reservada operación política y militar que le permita hacerse con el poder real del Estado, independientemente de lo que diga o deje de decir la Constitución, y evitarse en el futuro sustos tan fuertes y desagradables como los que acaba de vivir.
Para lograrlo, y asesorado siempre por el inteligente Sabino, Juan Carlos I abrirá dos frentes: uno, menos importante, el político, llamando a capítulo a los líderes de los partidos que, como él, habían dado su visto bueno a la fracasada operación de Armada, saliéndose después de la misma por la puerta de atrás; y el segundo, el decisivo, el militar, tratando de hacerse con todos los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y del Estado (CESID), para convertirse en el hombre mejor informado del país y, por ende, con más poder. Todo esto, tras el gran susto de Tejero, le permitiría hacer realidad su antiguo sueño juvenil de ser de verdad el rey de todos los españoles, gobernar (aunque fuera en la sombra) como un monarca a la vieja usanza y ejercer de facto como un pequeño dictador. Lo hará disfrazado, eso sí, de rey constitucional y demócrata, sometiendo siempre a su voluntad, entre sonrisas y abrazos, a los engreídos jerarcas políticos que, agradecidos a su persona por el mero hecho de poder ejercer como tales, no dudarían en tragar con todo con tal de que la endeble democracia que él personificaba acabara asentándose en España.
El primer baluarte de la información en este país en aquellos momentos, a pesar de sus evidentes carencias y falta de operatividad en diferentes campos (sobre todo en el de la información exterior), era sin duda el CESID (Centro Superior de Información de la Defensa), formado casi exclusivamente por militares y con una estructura anticuada pero férrea volcada preferentemente, siguiendo todavía con las directrices de su órgano creador el SECED (los servicios secretos del Régimen franquista), a la información interior: política, social y militar, prioritariamente. A dominar pues totalmente este importante servicio de Inteligencia político-militar, teóricamente al servicio del Estado (del presidente del Gobierno, en concreto), pero con una dependencia directa del Ministerio de Defensa, se dedicaría con prioridad absoluta el rey Juan Carlos en los meses siguientes a la bananera asonada de Tejero.
Así, en octubre de 1981, después de someter a una presión directa e insoslayable al nuevo presidente del Gobierno, Calvo-Sotelo (que, asimismo, bajo las órdenes del monarca y en su exclusivo beneficio organizaría después el esperpento del juicio militar de Campamento) consigue que sea nombrado director general del CESID el coronel Emilio Alonso Manglano, un militar de la nobleza, monárquico visceral y que había jugado un papel esencial en la postura de «no intervención» adoptada por la Brigada Paracaidista (una de las unidades de élite del Ejército español, con cuartel en Alcalá de Henares) durante el 23-F. Esta importante unidad operativa, heredera ideológica de la Legión y formada por jefes y oficiales muy profesionales pero excesivamente conservadores, siempre fue partidaria del golpe duro o «a la turca» que, decidido finalmente para el 2 de mayo de 1981, nunca llegaría a estallar. En el 23-F, la BRIPAC, al socaire del estremecimiento general del país, estuvo a punto de salir a la calle e intentó, en contacto con diversas Capitanías Generales, adelantar el golpe de mayo a esa fecha. Ello hubiera significado el triunfo seguro de ese movimiento involucionista de corte franquista, pues los capitanes generales que lo lideraban estuvieron bastantes horas esperando un paso al frente de esta unidad de élite, así como de la decisiva División Acorazada Brunete, para decretar el Estado de Guerra y convertir el 23-F en el 2-M adelantado.
El coronel Alonso Manglano, jefe del Estado Mayor de la Brigada Paracaidista y al tanto de los entresijos de ambos operativos, fue una figura clave para frenar a su unidad, impartió órdenes severas de acuartelamiento a las distintas Banderas que la formaban y, en permanente contacto con La Zarzuela, abrazó decididamente la nueva postura reconductora auspiciada por el rey tras el vergonzante revulsivo de Tejero en el Congreso, consiguiendo en muy pocas horas que el conjunto de la Brigada hiciera lo propio.
El rey Juan Carlos, agradecido, le recompensaría magnánimamente después (en octubre de 1981, como acabo de señalar) con la dirección del Centro Superior de Información de la Defensa, un puesto clave para poder llegar en muy pocos años, y sin moverse de su despacho, a teniente general, saltándose a la torera todos los reglamentos militares que exigen el mando directo de tropas en cada uno de los puestos del escalafón jerárquico para poder optar al siguiente.
La apuesta del monarca español por su amigo Alonso Manglano nunca fue desinteresada, por supuesto. Con su fiel servidor a la cabeza del CESID, él sería el primer beneficiario de cuanta información sensible y reservada generara el mayor y mejor dotado de los servicios de Inteligencia del Estado. Ello, unido al control que por su mando supremo de las Fuerzas Armadas ya ejercía sobre la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) y, en concreto, sobre la División de Inteligencia de su Estado Mayor Conjunto (el mejor servicio de Inteligencia exterior del país), y el que asimismo detentaba sobre las divisiones de Inteligencia de cada uno de los tres Ejércitos, le convertirían en el hombre mejor informado del país, en el más poderoso y capaz, por sí mismo, de erigirse de facto (guardando siempre las formas democráticas, cómo no) en un auténtico dictador en la sombra.
El antiguo «paraca» Alonso Manglano, un buen profesional de las armas en sus años mozos, un ambicioso politiquillo después, un hombre acérrimo enemigo de las luces y muy amigo de las sombras, un militar cortesano, fiel a su señor y desleal con sus compañeros y subordinados... se convertiría, a partir de octubre de 1981, en los ojos y los oídos del rey Juan Carlos, en la punta de lanza de su oculto poder, en la correa de transmisión, a través de la cual recibiría a diario la munición necesaria para doblegar y hacer hincar de rodillas a los políticos de la democracia elegidos por el pueblo soberano. Con el general Sabino Fernández Campo como nuevo valido y fontanero máximo del palacio de La Zarzuela, reconvertido en El Pardo de décadas pasadas; con el espía Alonso Manglano sirviéndole a mansalva y en tiempo real cuanta información sensible (mucha de ella referida a los otros poderes del Estado) llegara a los terminales del siniestro servicio de información del Estado que dirigía con mano de hierro; con la cúpula militar (JUJEM), y los servicios de Inteligencia exterior secretos adscritos a la misma, obediente y sumisa en virtud de la etérea y nunca concretada Jefatura Suprema de las FAS que le otorga la Constitución; y con el permanente «chantaje» a los políticos, y en especial a los sucesivos presidentes del Gobierno elegidos democráticamente por el pueblo, que representaba la mera existencia de esa suprema jefatura sobre los militares como valladar ante tentaciones golpistas... el camino a esa deseada dictadura real en la sombra se presentaba expedito. Sólo era cuestión, en esos amargos meses posteriores al 23-F, de recorrerlo con decisión, de hacer realidad su sueño de muchos años de espera y ansiedad. El campechano Juanito reinaría en España, sí, faltaría más, aunque su corona le hubiera llegado de las manos de un sanguinario dictador, de un enemigo del pueblo, pero también quería gobernar. Sí, gobernar este país, maniatado por el miedo y la esperanza, a su antojo, como hicieron sus antepasados, escudado tras una Constitución que casi nadie del pueblo se había leído pero que a él le consagraba como un dios venido del cielo.
Pero puesto en marcha el entramado informativo que le permitiría ser el hombre más poderoso del país, todavía le quedaban a Juan Carlos I algunos importantes flecos que cerrar para sentirse seguro ante eventualidades futuras. En las Fuerzas Armadas, muy sensibilizadas y molestas por el ridículo papel que les había tocado interpretar durante el 23-F (una parte de ellas aparecía ante la sociedad como golpista y otra, como salvadora de la democracia), circulaban persistentes rumores en los que se acusaba sin ambages a su comandante en jefe, el rey, de haber jugado un equívoco papel en el desgraciado evento; e, incluso, de ser el máximo responsable del mismo al haber autorizado en secreto a su hombre de confianza, el general Armada, la puesta en marcha de una compleja maniobra política, consensuada con los partidos mayoritarios, con el fin de enderezar el peligroso camino por el que en esas fechas transitaba el país. Maniobra que, al no salir como se había pensado por culpa del inefable Tejero, habría sido abandonada no solo por el soberano sino también por los líderes de los partidos políticos comprometidos con ella.
La verdad es que en el Ejército, en aquellas conflictivas fechas posteriores al «tejerazo», todo el mundo sabía y comentaba «lo del rey», pero he aquí que casi nadie se atrevía a hablar fuera de los sancta sancturum de las salas de banderas por miedo a ser tachado inmediatamente de «ultra», «golpista», «involucionista», o sencillamente de «extrema derecha», calificativos con los que el alto mando de las FAS, la JUJEM, había ordenado «premiar» a aquellos que osaran hacerse eco público del clamor reinante en los cuarteles. En éstos, por decirlo con cierta gracia cuartelera, hasta los maestros armeros y cabos primeros (señalamos dos de las mas modestas y conocidas categorías profesionales de la milicia) estaban al cabo de la calle de lo ocurrido entre bambalinas en relación con la planificación, ejecución y posterior abandono de la estrafalaria operación conocida como «23-F» que dio vergüenza ajena.
En relación con este general conocimiento por parte de la plebe cuartelera (con perdón) y no digamos de los altos mandos y Estados Mayores del Ejército de los entresijos del 23-F, cuesta trabajo creer que durante tantos años haya habido tan pocos, tan poquísimos profesionales de las armas (yo solo conozco uno, la verdad) que se haya permitido decir esta boca es mía en relación con tan trascendental asunto. Creo sinceramente que ello ha sido debido a que el militar español (un apestado social durante décadas, debido al endémico pasado golpista de su Institución), con el peso de la disciplina prusiana que todavía tiene que soportar y que puede truncar su carrera en cuanto diga amén, y con la penuria económica que arrastra desde el mismo momento en que ingresa de la Academia (y que el propio poder político alimenta para tenerlo siempre cogido por la barriga), no está por la labor de hacerse el héroe interpretando aunque sea unos pocos segundos, el papel de Don Quijote. Visto además lo que les ha pasado recientemente a los muy pocos, poquísimos, profesionales que se han permitido hacerlo en los últimos años...
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Con esto del 23-F ha ocurrido lo mismo, por ejemplo, que con el derribo en Afganistán, en acción de guerra, de un helicóptero Cougar de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra español, que se saldó con la muerte de 17 soldados. Al Gobierno español no le ha interesado nunca reconocer públicamente que el contingente militar allí destacado está en zona de guerra, con misiones propias de un estado de guerra, y que la aeronave fue objeto de un ataque directo con misiles y armas convencionales por parte de las milicias talibanes (circunstancia ésta que para cualquier experto resulta de manual y ratificada, además, por las declaraciones de los tripulantes del segundo helicóptero que se salvó gracias a la urgente maniobra de evasión de su comandante). De ahí que se montó el numerito mediático, totalmente ridículo y atentatorio a la inteligencia de cualquier uniformado, de que el «accidente» de la desgraciada «plataforma» de helitransporte táctico fue debido al viento reinante en el lugar en el momento de los hechos (apañados estábamos los militares si un viento de 18 nudos fuera suficiente para derribar un helicóptero de tipo medio) y a la misma impericia del piloto, que no supo realizar adecuadamente un sencillísimo «descreste táctico» como el que realizan a centenares diariamente los alumnos de las escuelas de helicópteros del Ejército de Tierra.
Y claro, para hacer medianamente digerible por la sociedad (que no por los militares, que alucinamos al conocerla) la «teoría Bono» del viento feroz y el descreste táctico incorrecto por parte del piloto como causas próximas de la desgraciada pérdida y no surgiera con fuerza la realidad de los hechos, la verdad pura y dura, al Ministerio de Defensa no le quedó más remedio que decretar entre los militares, tanto en Afganistán como en España, el secreto del sumario, el no coment, el «cállate que te sacudo»... poniendo en marcha a continuación los apercibimientos y expedientes oportunos para sellar la boca de los pocos profesionales que se habían permitido hablar hasta el momento.
Esta especie de vicio institucional que últimamente parece haberse instalado en los poderes públicos de este país de, por intereses de Gobierno o de partido, no reconocer que sus soldados han muerto en zona de guerra, o a consecuencia de la misma, cuando es absolutamente cierto que así ha sido, negándoles en consecuencia los honores y recompensas morales y económicas que les corresponden es, cuando menos, una absoluta mezquindad. Hablamos de algo que debería ser rechazado de inmediato por una sociedad democrática como la nuestra. Y si ésta no reacciona como debiera, exigiendo a esos poderes que honren adecuadamente a unos servidores públicos que han ofrendado sus vidas en el cumplimiento de su deber, esa misión deberá recaer más tarde o más temprano en la propia Institución a la que pertenecían los fallecidos. Todo menos permitir un solo día más esta ignominia.
Es más, a este antiguo profesional de las armas, que se siente orgulloso en lo más íntimo de su ser, de haber sacrificado su carrera en pro de modernizar, democratizar y profesionalizar las Fuerzas Armadas españolas provenientes del franquismo, le sorprende muchísimo que a estas alturas, después del lamentable accidente de Trebisonda (Turquía), con 67 militares muertos, del derribo del Cougar en Afganistán. con 17 víctimas mortales, y de los soldados caídos después (uno de ellos la primera mujer que ha perdido su vida en acciones internacionales del Ejército español) a bordo de sus blindados de combate en las polvorientas y minadas carreteras de Herat (Afganistán) y en El Líbano, todavía esa reacción corporativa por parte de los actuales altos mandos del Ejército no se haya producido.
No querría ser demasiado duro o cruel con mis antiguos compañeros de profesión (que en su inmensa mayoría, por lo demás, me dejaron más solo que la una cuando la cúpula militar franquista arremetió ferozmente contra mi persona para no perder la bicoca del servicio militar obligatorio), pero a día de hoy no me queda más remedio que pensar que ese mirar para otro lado ante el ultraje a sus soldados muertos, esa cobarde actitud ante los políticos que les niegan sus derechos, sólo puede obedecer a dos posibles causas: o bien que de tanta burocracia y tanto calentar sillón en suntuosos despachos (actividad muy bien remunerada, por cierto, dadas sus altas categorías profesionales) sus aditamentos testiculares están bajo mínimos, repletos hasta el gorro de espermatozoides anquilosados; o es que son unos «masocas» impenitentes y se sienten muy cómodos chapoteando en el barro social al que los arrojan a diario los jerifaltes políticos en el poder. La verdad es que después de tantos años en sus filas cada vez entiendo menos a los menguados y subdesarrollados Ejércitos españoles. En muy poco tiempo han pasado de ser los malos de la película a los tontos del pueblo; de peligrosos golpistas a hermanitas de la caridad que reparten medicinas y alimentos por medio mundo; de representar un verdadero poder fáctico y antidemocrático, a ejercer de insólita ONG humanitaria aspirante al premio Nóbel de la Paz...Y encima poniendo sobre la mesa decenas y decenas de muertos que el Gobierno de turno se encarga de enterrar rápidamente sin honores y con vergüenza.
A mí en estos momentos, después de hartarme de estudiar y de propalar a los cuatro vientos la clase de Fuerzas Armadas que necesitaba este país y de constatar la chapuza que han organizado políticos y militares al no saber digerir unas propuestas sensatas y bien diseñadas (el Ejército «profesional» que ahora tenemos es tan malo como el anterior, pero mucho más pequeño), los males que aquejan a las actuales FAS españolas me resbalan bastante por la epidermis, pero debo reconocer que a pesar de ello me dejan muy mal sabor de boca. De todas formas, ¡que caray! yo ya hice lo mío, pienso, que peleen ahora con su conciencia, si la tienen, esos pequeños (en todos los aspectos) generalillos de despacho que mandan (es un decir) los pobres y alicaídos Ejércitos españoles. Que ahora, por no tener, no tienen ni soldados, pues los jóvenes de hoy prefieren ser mossos de escuadra, «prosegures», ertzainas e, incluso, policías municipales, que cobran mucho más y son más respetados por la sociedad.
Y encima, ahora al Gobierno español no se le ocurre otra idea que transformar en bomberos rurales, adscritos a una fantasmal UME (Unidad Militar de Emergencias), a los poquísimos soldados que quedan en nuestros cuarteles metropolitanos después de la diáspora humanitaria a la que deben hacer frente desde hace años. Para que, además de desfilar por la Castellana el 12 de octubre de cada año con sus vistosos uniformes fashion, se dediquen durante el verano a manejar la escoba y la manguera en lugar de los fusiles de asalto y las ametralladoras, que las carga el diablo. Perfecto. ¡Allá el Ejecutivo que hemos elegido todos los españoles con sus responsabilidades! No seré yo, en estos momentos un civil que usa la pluma en lugar de la espada, quien critique esa reconversión feroz de nuestros deprimidos Ejércitos en humanitarias Unidades de Protección Civil. Pero el JEMAD (Jefe del Estado Mayor de la Defensa), el JEME (Jefe del Estado Mayor del Ejército), el JEMA (Jefe del Estado Mayor del Aire), el AJEMA (Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada)... y demás generalillos de despacho que se esconden tras esas rimbombantes siglas (correspondientes a las cabezas directoras de nuestras Fuerzas Armadas) sí deberían decir o hacer algo al respecto. Porque, entre otras cosas, ostentan la responsabilidad moral y técnica de defender este país. Y lo primero que deberían decirle al honorable juez que, con más voluntad que eficacia, dirige en la actualidad el Ministerio de Defensa, y al jovial ZP que se encontró el 14 de marzo de 2004 con una tremenda responsabilidad que no se esperaba y que, la verdad sea dicha, le viene un poco grande, es el número real de soldados de que dispone a día de hoy la nación española para poder hacer frente a una muy posible emergencia en el sur.
Descontando, claro está, los que prestan sus servicios en conocidas ONGs multinacionales como «Soldados sin Fronteras», «Hermanitas de la caridad con uniforme», «Bomberos castrenses con manga»... y alguna más: ¿Tres mil? ¿Cuatro mil? ¿Quizá cinco mil, y esto último rebañando desesperadamente despachos y oficinas? Para enfrentarlos a cien mil, quizá ciento cincuenta mil potenciales enemigos mientras la OTAN, en la que tenemos puestas todas nuestras complacencias, mira para otro lado, como suele hacer si el que pide ayuda es un humilde socio de la coalición.
¡Que Dios nos coja confesados a todos los españoles si algún día, no muy lejano, al Mohamed del sur, sometida definitivamente su querida provincia de Saguia el Hamra (antes Sahara Español), donde despliega la flor y nata de sus Ejércitos, se le ocurre la peregrina idea (al estilo de la que alumbró su augusto padre Hassan II en la década de los 70 del siglo pasado) de poner en verde los semáforos de las maltrechas carreteras que unen los cuarteles de su país con Ceuta y Melilla! No tendríamos más remedio que suplicar urgentemente a Bruselas, que con toda seguridad no nos haría mucho caso (pues los estadounidenses se pondrían como un solo hombre al lado del sátrapa norteafricano), para que nos sacara las castañas del fuego.
La historia ¡ojala me equivoque! y perdone el lector por seguir divagando en esta especie de película de estrategia/ficción en la que me he introducido hace algunos párrafos, volvería a repetirse una vez más y a los abandonados habitantes españoles de ambas ciudades no les quedaría otra opción que lanzarse a las calles a gritar eso tan socorrido de «¡Gloria y honor al rey de los creyentes! » y «¡Alá es grande!» al paso del victorioso sultán que, como ya es tradicional en su familia, habría ganado una nueva batalla sin disparar un solo tiro. Mientras las testimoniales guarniciones de nuestro Ejército, en forma muy similar a como lo hicieron, muy a pesar suyo, en las arenas de El Aaium en 1975 (es decir, con los pantalones impidiéndoles andar), salían de estampida a refugiarse en la cercana isla de Perejil, una especie de roca de Gibraltar con cabras pero sin monos, escenario de la única batallita (no civil) que ha ganado España en los últimos trescientos o cuatrocientos años...
Pero bueno, dejemos de elucubrar sobre Ejércitos, guerras y victorias, que se me va a ver el plumero castrense que todavía guardo en el armario y me van a retirar el saludo para siempre los cientos de miles de personas progresistas y pacifistas con las que acudí a las manifestaciones contra la guerra de Irak en 2005. Y, además, yo ya no estoy para perder el tiempo dando lecciones de estrategia militar a nadie, y menos a los gordezuelos y sonrientes generalitos de despacho que los políticos españoles colocan en la cúpula de la jerarquía castrense para que se entretengan jugando a los soldaditos y no les molesten. Ya lo hice, y con muy poco rendimiento por lo visto, en mis tiempos de profesor en la Escuela de Estado Mayor, en la que tuve la desgracia de impartir clases de la especialidad a alumnos de medio mundo (norteamericanos entre ellos) que luego han cometido auténticas aberraciones profesionales en sus últimas acciones bélicas: como esa de invadir el país de Sadam Hussein (28 millones de habitantes, medio millón de soldados, otros quinientos mil reservistas y un millón de militantes armados del partido oficial Baas) con 120.000 soldados vestidos de lagarterana (con gafas de visión nocturna y chaleco antibalas, eso sí), creyendo que en un par de semanas y previa pasada por el napalm, las bombas de racimo y quién sabe si por algún que otro ingenio de destrucción masiva, los guardias republicanos del dictador (curtidos en ocho años de guerra con los guardias de la revolución iraní, que esos sí que fuman en pipa) iban a tirarse en las calles de Bagdad a ejercer de alfombras humanas para que el genocida George W. Bush y su séquito angloespañol de las Azores pudieran caminar cómodos tras su victoria vestidos con el uniforme de piloto de combate de la U. S. Navy. Lo que seguramente, y aunque los soldados de élite de Sadam (los mismos que ahora combaten a muerte a los invasores, siguiendo a la perfección los manuales españoles de la guerra de guerrillas) se hubieran decantado por esa servil actitud con los recién llegados, no hubiera sido nada fácil de llevar a la práctica vistas las dificultades que tuvo que vencer el presidente norteamericano para andar medianamente erguido cuando el 6 de mayo de 2003, disfrazado de top gun, acudió exultante al portaaviones insignia de la Flota estadounidense para decretar unilateralmente el fin de la guerra y el triunfo de la bandera de las barras y estrellas.
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Definitivamente, retomo el relato perdido sobre las andanzas político-militares del rey Juan Carlos. Estábamos, creo recordar, en el año 1981 (pasado ya el 23-F) y en sus sutiles manejos para asegurarse un brillante porvenir como «rey absoluto en la sombra», es decir, a lo Fernando VII, en plan felón, pero guardando las formas democráticas que para eso estábamos ya en los albores del siglo XXI... Pues bien, para erradicar cuanto antes los peligrosos comentarios que sobre su egregia persona se habían suscitado dentro de las Fuerzas Armadas en relación con su actuación en el 23-F, y que podían ser un pesado lastre para su futuro, no encontró el Borbón otra solución mejor que montar un espectacular teatrillo castrense en forma de juicio militar contra los altos mandos presuntamente implicados en la intentona involucionista. Quería dejar así pública constancia de su personal inocencia en tal evento, de que el mismo sólo había sido obra de «un puñado de militares y guardias civiles nostálgicos del anterior régimen» y de que en España (y sobre todo en el Ejército español) el que la hace la paga.
Presionó pues el monarca con todas sus fuerzas al recién llegado presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, para que ese juicio militar se celebrara cuanto antes (conviene recordar al respecto la famosa frase del poco carismático sucesor de Suárez, ya que despeja todas las dudas: «Lo importante es que el juicio se celebre») y envió con presteza a sus militares palaciegos a negociar con los teóricamente máximos responsables de la asonada: los generales Armada y Milans (ya en prisión y abocados a severísimas penas por rebelión militar), un pacto de silencio que abortara cualquier posible revelación futura contra sus intereses en el delicado proceso que se iba a acometer. Pacto de silencio que funcionaría a la perfección con su antiguo confidente, valido, secretario, ayudante y «cortesano máximo», el general Armada, que se comprometería a callarse como un muerto y a no implicar jamás a su señor a cambio de la promesa de una pronta salida de prisión (que, no obstante, se retrasaría en el tiempo mucho mas de lo previsto) y que sólo rompería parcialmente en los últimos meses de su estancia en el establecimiento penitenciario castrense de Alcalá de Henares. Lo hizo así cuando enfermo, deprimido y abandonado por todos, manifestaría a los más íntimos de su entorno carcelario su absoluta fidelidad al rey, del que había recibido todas las órdenes en relación con el 23-F y, en especial, el encargo de consensuar con las principales fuerzas políticas del arco parlamentario español un Gobierno de unidad nacional que salvara su corona y el proceso democratizador en marcha.
Más difícil lo tendrían los apoderados castrenses del rey Juan Carlos con el teniente general Milans quien, a pesar de su ideología monárquica visceral y su demostrada lealtad a la Corona, jamás le perdonaría a su señor la traición cometida con él y, sobre todo, con sus subordinados, negándose en redondo a ser excarcelado mientras uno sólo de ellos (incluido Tejero) se encontrara en prisión. Aunque al final guardaría también un respetuoso silencio sobre la presunta responsabilidad del jefe del Estado en los sucesos del 23 de febrero de 1981 hasta prácticamente los últimos días de su vida.
Asimismo, pactaría el rey, de cara al juicio militar que se avecinaba, con la cúpula militar (JUJEM) y con el capitán general de Madrid, Quintana Lacaci, en relación con la composición del tribunal marcial que iba a tener que gestionar el evento y con el montaje mediático que iba a acompañarlo y a darle carta de naturaleza. Y en el cual, como en todos los bochornosos circos castrenses que montan los militares del mundo entero para «impartir» justicia, iban a brillar por su ausencia los derechos fundamentales de los presuntamente implicados y las garantías jurídicas básicas del Estado de Derecho.
El Consejo de Guerra de Campamento (Madrid), una parodia castrense donde las haya con resultado pactado y cantado, el mayor esperpento político-militar de la transición democrática española, el juicio (por decir algo) más largo de la historia procesal de este país hasta esa fecha (después el celebrado contra Mario Conde y alguno más, lo han superado con creces) tuvo lugar, recordémoslo, en las instalaciones del Servicio Geográfico del Ejército entre los meses de febrero y mayo de 1982. Por primera vez desde el año 1932, cuando el general Sanjurjo se sentó en el banquillo de los acusados por su conocida intentona golpista (la llamada «sanjurjada»), un teniente general del Ejército español y 51 generales, jefes y oficiales del Ejército y de la Guardia Civil afrontaban un proceso por rebelión militar, con luz y taquígrafos, ante la sorprendida mirada de una sociedad civil traumatizada y aún expectante.
Fue un juicio difícil desde sus comienzos, del que desconfió desde el principio la inmensa mayoría de ciudadanos españoles, que nunca creyó llegara a celebrarse (de ahí la oportuna frase del presidente Calvo-Sotelo, con la que él mismo pretendía darse ánimos y dárselos a los demás), complicado y peligroso, ya que enseguida fue visto por muchos como un pulso entre el involucionismo militar y el poder constituido de forma democrática. Pero evidentemente era mucho más que eso. Se trataba de, por una parte, enterrar en miles de folios procesales redactados a la orden y sin ningún rigor jurídico la oscura (y por otra parte tan cacareada) trama político-militar impulsora de la famosa intentona de febrero de 1981, dejando totalmente al rey Juan Carlos al margen de cualquier responsabilidad en la misma, y, por otra, de imputar todas esas responsabilidades a un Ejército que, salvo unos pocos de sus integrantes (monárquicos y franquistas de alto rango) que evidentemente habían bordeado la ley al obedecer precisamente las órdenes de su jefe supremo, se había mantenido fiel a la Constitución y a la democracia sin meterse para nada en maniobras políticas subterráneas o golpes de timón palaciegos.
El Consejo de Guerra se desarrolló a lo largo de tres meses de maratonianas sesiones y ello supuso ya en sí mismo, independientemente de los incidentes y rocambolescas situaciones que se sucedieron en su dilatado quehacer, un triunfo, por lo menos aparente, del poder civil (puesto en ridículo un año antes delante de todo el país y el mundo entero) sobre el sempiterno y tradicional poder militar español que, después del franquismo, no parecía dispuesto a hacerse el harakiri político facilitando una transición en paz a la democracia. Fue el propio presidente del Gobierno, Calvo-Sotelo, quien, agradecido ante el apoyo recibido del rey Juan Carlos para su elección como tal y cediendo a sus perentorias recomendaciones, decidió huir hacia adelante en el marco de la delicada tesitura política que le había tocado vivir sentando en el banquillo al militar más carismático y prestigioso del Ejército español: el ex capitán general de Valencia, Milans del Bosch, acompañado ¡nada menos! que del antiguo secretario general de la Casa del rey, general de División Alfonso Armada, y de treinta jefes y oficiales del Ejército y de la Guardia Civil.
Una apuesta gubernamental impresionante en un Ejecutivo aparentemente débil, marcado, desde antes de nacer, por el envite golpista y al que la mayoría de ciudadanos de este país le auguraban una muy corta vida política.
Pero el juicio militar de Campamento encerraba también algo más que un mero acto de valor institucional por parte de un Gobierno alumbrado con fórceps en un hemiciclo violado por la desmesura de Tejero. Se montó por el sistema político de la transición (el centrismo residual de la UCD, abocado a una desaparición inminente) alentado, en primer lugar, por el rey Juan Carlos que, como acabo de señalar, deseaba sobre todas las cosas alejar de su regia figura la acusación de golpista con la que le obsequiaban a diario, con toda razón después de lo que hemos sabido con el paso del tiempo, la inmensa mayoría de los militares en activo, tanto los que obedecieron sus órdenes en el marco de la desgraciada «Solución Armada» como los que no se movieron un ápice de la legalidad, estuvieran o no comprometidos con el golpe duro de mayo; pero, en segundo lugar, también apoyarían con todas sus fuerzas la aberración jurídica puesta en marcha en el acuartelamiento del Servicio Geográfico del Ejército en Campamento, en febrero de 1982, las planas mayores de todos los partidos políticos que habían conspirado en secreto con el poder oculto de Armada (apoderado del rey para todo lo relacionado con la importantísima misión de contragolpear al emergente movimiento franquista antisistema), los cuales ansiaban, asimismo, alejar de sus sedes cualquier atisbo de responsabilidad política en el rechazable evento de febrero de 1981, a la par que humillar, desprestigiar y condenar a una Institución (la castrense franquista) a la que odiaban y temían sobre todas las cosas.
Con el espantoso ridículo de los acontecimientos vividos en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, en la tarde/noche del 23-F, y cargando todas las tintas en aquél chapucero «golpe involucionista a cargo de unos pocos militares y guardias civiles nostálgicos del anterior régimen», el partido en el Gobierno y las demás fuerzas políticas mayoritarias quisieron desmontar de un solo golpe, desde la tribuna sin par de un macrojuicio castrense público, la todavía poderosa maquina militar de Franco, compacta desde el punto de vista ideológico, dócil a la ultraderecha política y que, desde el famoso «Sábado Santo rojo» de 1977 (en el que Suárez legalizó el PCE), venia vigilando y lastrando el proceso democrático en marcha con deseos irrefrenables de enviarlo al fondo de los infiernos a la menor ocasión. Lo hicieron lavándose todos ellos las manos ¡faltaría mas! ante cualquier responsabilidad en relación con la subterránea maniobra planificada por Armada, a la que en principio se habían sumado para tocar poder, y guardándose muy mucho de dejar al margen de los acontecimientos al rey Juan Carlos, absolutamente necesario en aquellos momentos para preservar el sombrajo democrático en el que pretendían cobijarse todos en el futuro.
Desgraciado sin paliativos, aquel teatrillo castrense montado en el año 1982 en Campamento (Madrid), aquella burla legal a cuantas personas tuvieron que intervenir en él: imputados, familiares, defensores..., aquella parodia jurídica marcial que sin duda haría enrojecer en su día de vergüenza a la inmensa mayoría de ciudadanos de este país, estuvieran o no relacionados con la verdadera justicia, se desarrolló según el guión previsto en La Zarzuela.
Eran otros tiempos, desde luego, pero ello no quita un ápice de responsabilidad a sus promotores, a los «payasos» que interpretaron en ella su papel sabiendo lo que hacían, a los que sacaron tajada de un circo mediático que se tradujo en desorbitadas condenas de hasta ¡treinta años de cárcel! Y todo ello en medio del deshonor y el drama humano y familiar para auténticos profesionales que no habían cometido ningún delito, pero sí un imperdonable error: obedecer las órdenes de su comandante en jefe, el rey Juan Carlos, en una alocada y chapucera maniobra de palacio que tenía como objetivo prioritario salvar su corona, su impunidad personal y sus regias prebendas.
***
Y ahora, voy a entrar decididamente en uno de los asuntos más vidriosos, oscuros y tétricos de la reciente etapa democrática española, propio más bien, como reconoció en su día Felipe González, de las alcantarillas y cloacas del Estado. Del que se ocuparon mucho en este país en los años 90 del siglo pasado los medios de comunicación y también la Audiencia Nacional, que abrió varios procesos sobre determinados casos relacionados con él. Me estoy refiriendo, obviamente, a los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) o, lo que es lo mismo, a la guerra sucia desatada por los poderes públicos españoles contra la organización terrorista ETA. Y lo voy a hacer trasladando a la sociedad española datos e informes muy sensibles relacionados con esa confrontación atípica e ilegal puesta en marcha por el Ejército, la Policía y la Guardia Civil contra el terrorismo vasco y que yo, evidentemente, conocí al estar destinado en los años 80 en puestos importantes de la cúpula militar y tener por ello relaciones muy estrechas con los diferentes servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y del Estado.
Empecemos, pues, desde el principio. Y para ello, nada mejor que referirnos al modo y manera en el que los militares españoles fueron adquiriendo, durante años, sus conocimientos «legales» sobre tácticas y estrategias antisubversivas y otros, no tan legales, evidentemente, sobre guerra sucia y violación de derechos fundamentales.
Remontémonos en consecuencia a las «fraternales» relaciones del régimen franquista con el peronista argentino entre los años 40-50. Efectivamente, durante los diez años de régimen peronista en la Argentina (1945-1955), las relaciones personales e institucionales entre los Gobiernos de Franco y Perón fueron siempre harto cordiales. Ambos dictadores se respetaban, se comprendían, tenían ideas muy parecidas en lo político, se admiraban profesionalmente. Franco, además, arrastraba una impagable deuda con el dirigente de la nación hermana por su espléndida y humanitaria ayuda cuando por estos pagos ibéricos el hambre de las dos posguerras (la civil y la mundial) hacía estragos entre la población española.
Expulsado Perón del poder el 16 de septiembre de 1955, las relaciones de la dictadura franquista con los Gobiernos militares o pseudodemocráticos argentinos que se sucedieron con velocidad inusitada en los años siguientes se enfriaron un tanto, pero continuaron siendo buenas, comprensivas y basadas siempre en el respeto mutuo y en la cooperación bilateral preferencial.
Vuelto el viejo general argentino a la Presidencia de la República (tras su exilio dorado en Madrid), como consecuencia de su triunfo en las elecciones de septiembre de 1973, su amistad personal con Franco potenció de nuevo las especiales relaciones existentes entre las dos naciones, pero ya ni el líder justicialista, agotado físicamente y sin ideas, ni el caudillo español, enfermo y con acuciantes problemas internos, se parecían en nada a aquellos dos autoritarios y carismáticos dirigentes políticos de antaño que supieron electrizar a las masas de sus respectivos países y crear en ellos un «orden nuevo» siquiera efímero. Ambos morirían con las botas puestas, es decir, en el poder, escaso tiempo después; el primero en julio de 1974 y el segundo en noviembre de 1975.
Con el cambio político en España y la puesta en marcha de la transición democrática no cambiaron sustancialmente los lazos de hermandad y cooperación existentes entre Argentina y España, pues aunque en el primero de los dos países los militares detentaban de facto el poder a la sombra del débil Gobierno de María Estela Martínez de Perón, en España también los uniformados franquistas vigilaban y tutelaban la balbuciente democracia recién estrenada.
Tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976, en Argentina se intensificó sobremanera el interés del Ejército español por su homólogo argentino (aquí, en España. se vivían igualmente momentos políticos difíciles, claramente pregolpistas) y conforme la represión y la guerra antisubversiva allí desatada iba siendo ganada por la dictadura (nadie hablaba todavía, ni aquí ni allí, de «guerra sucia»), crecía rápidamente la admiración por sus colegas castrenses de allende el Atlántico en unos altos mandos militares españoles que aspiraban sin duda (todos los capitanes generales en activo eran franquistas acérrimos, provenientes todavía de la Guerra Civil) a emprender en España un «Proceso» involucionista similar al puesto en marcha en la República Argentina por el general Videla y los suyos.
Este interés y esta admiración se concretarían en un sustancial aumento de las relaciones bilaterales entre las Fuerzas Armadas de los dos países. Oficiales españoles del Servicio de Inteligencia de las tres ramas de las Fuerzas Armadas (a razón de diez o doce por año) serían enviados a estudiar técnicas y tácticas antisubversivas y contraguerrilleras en una nación que, sin conocerse todavía casi nada de los terribles procedimientos empleados por su Ejército en la lucha contra la oposición política y sindical de izquierdas, era reconocida en nuestro país como la que contaba con una de las instituciones castrenses mejor preparadas a nivel mundial en relación con esas materias, al haber «pacificado» en poco más de dos años todo su inmenso territorio soberano.
Esta corriente de mandos españoles del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire hacia las escuelas de Inteligencia de sus homólogos argentinos no se interrumpiría ya en ningún momento, fuera la que fuese la situación política que afrontara cada uno de los dos países. El Ejército español seguía muy interesado en aprender mucho y muy rápidamente de los «heroicos» pacificadores argentinos. Por su parte, a éstos, sin autoinculparse de nada y sin reconocer nada, no les importaba demasiado ceder una buena parte de sus exhaustivos conocimientos «teóricos» para que sus colegas hispanos pudieran experimentar con ellos en su país de origen.
Más de cuarenta jefes y oficiales del Servicio de Inteligencia del Ejército español, procedentes de sus tres ramas operativas y también del CESID, recibirían estudios técnicos de la especialidad (contrainsurgencia, contraguerrilla urbana y rural, antisubversión, sabotajes, escuchas, espionaje, guerra psicológica, atentados... «guerra sucia» en una palabra), todo ello en los años de plomo de la dictadura militar argentina, entre 1976 y 1982. Las enseñanzas recibidas y los conocimientos aprendidos (repito, en principio sólo teóricos y sin referencia alguna a hechos concretos de la represión en aquel gran país sudamericano) pronto se dejarían sentir en el delicado panorama político y social de la transición democrática española.
En efecto, en julio de 1979, el todopoderoso CESID eleva un Informe-Propuesta de Estrategia Antiterrorista al Gobierno de Adolfo Suárez (del que recibimos copia confidencial los Estados Mayores y altos mandos del Ejército) en el que, en un apretado y exhaustivo análisis de más de 200 folios, hace una recopilación de las acciones antiterroristas llevadas a cabo contra ETA en los últimos años (con muy escasos resultados prácticos) y formula propuestas muy concretas para seguir actuando (esta vez con éxito) contra la organización terrorista. Entre estas propuestas, y sin remilgos democráticos de ningún tipo, el Centro Superior de información de la Defensa propone al Gobierno legítimo de la nación española iniciar contra ETA el tipo de guerra sucia aprendido por sus «ejecutivos del terror» en las aulas de los Servicios de Inteligencia argentinos, es decir, dejando de lado cualquier freno legal o moral y empleando desde el propio Estado las mismas técnicas y tácticas usadas por los terroristas. Que por lo que parecía, y sin confirmaciones oficiales de ningún tipo, les había dado excelentes resultados a los estrategas antiterroristas de país de la pampa.
El Gobierno de la UCD (Unión de Centro Democrático), presidido por Adolfo Suárez, se negó en redondo a aceptar la demencial propuesta de los Servicios de Inteligencia del Estado, heredados, no conviene olvidarlo, del franquismo más ancestral. Bastante tenia ya con los problemas que le creaban organizaciones paramilitares y fascistas «controladas» como La Triple A, El Batallón Vasco Español, Antiterrorismo ETA... etc., etc., formadas por exaltados militantes de la ultraderecha española que, desde el inicio de la transición y de una forma chapucera y anárquica, intentaban doblegar a los terroristas vascos, como para embarcarse, en oposición frontal con los más elementales principios de la democracia y del Estado de Derecho, en una aventura ilegal, inmoral y despreciable se mire como se mire.
Sin embargo, los espías de Defensa tendrían más suerte en 1983 cuando fueran con sus chapuceras propuestas a Felipe González, dueño absoluto, tras el apoyo democrático de diez millones de votos, de la política y la vida españolas. El Gobierno del PSOE, endiosado y autoritario después de su espectacular victoria en las urnas a finales de 1982, caería como un pardillo en la trampa tendida por los justicieros militares del CESID aviniéndose a dar luz verde a una demencial operación contraterrorista pensada, diseñada, planificada, organizada... por los aventajados discípulos españoles del general Videla; quienes, finalizado su aprendizaje en la ESMA y otros centros de Inteligencia de las FAS argentinas, creyeron llegado el momento de «ultimar» a los terroristas vascos utilizando los mismos expeditivos sistemas del secuestro, la tortura, el tiro en la nuca, la picana, la cal viva, la bañera, el lavado de cerebro, el asalto, la fosa común... puestos en practica por sus «profesores» de allende el Atlántico.
La operación antiterrorista del CESID, las andanzas de los GAL (con ramificaciones en el Ejército, la Policía y la Guardia Civil), los chapuceros operativos sacados a la luz pública por el ex coronel Perote (y que tuvieron, como llamativos antecedentes, las personales peripecias de los tristemente célebres Amedo y Domínguez) fueron, pues, diseñados por la cúpula del CESID y puestos en práctica después por comandos ejecutivos y mercenarios del Ejército, la Guardia Civil y la Policía con arreglo a los conocimientos adquiridos por los servicios de Inteligencia españoles en los centros de instrucción de sus homólogos argentinos. Que, vuelvo a repetirlo, gozaban en España (en su Ejército, más bien) de un magnífico cartel de operatividad y eficacia tras su fructífero trabajo represivo de los años 1976-1982.
En 1983, como digo, y con arreglo a las propuestas del CESID al Gobierno de Felipe González, plasmadas en un nuevo Informe-Propuesta de ese servicio (la llamada «Acta fundacional») en el que hacía las mismas «proposiciones deshonestas» que le hizo en su día a los centristas de Suárez, se pusieron en marcha los famosos GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) que en realidad fueron varios (el plural está perfectamente empleado y no el singular con el que han aparecido en determinados medios de comunicación) y mal avenidos. El cerebro de toda la operación «salvadora de la patria en peligro» (los mismos salvadores de la patria otra vez, antes con Franco y Videla, ahora con González) estaba radicado en el propio CESID, en su Dirección General y en la jefatura de su Grupo Operativo, cuyos máximos responsables, no sin ciertas dificultades, serían por fin procesados en diversas causas relacionadas con estas actividades delictivas de los más altos servicios de Inteligencia del Estado.
Ambas primeras autoridades de La Casa (director general y jefe del Grupo Operativo) mantenían relaciones jerárquicas de superioridad con los servicios de Inteligencia de las tres ramas de las FAS españolas, con los servicios análogos del Estado Mayor de la Defensa (en teoría un escalón superior) y con la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil que, a pesar de pertenecer orgánicamente al Ministerio del Interior, aparecían totalmente subordinadas al mando supremo del ilegal operativo para todo lo relacionado con él. A nadie se le escapaba (ni en el Gobierno, ni en el Ejército, ni en el Ministerio del Interior, ni en la Guardia Civil, ni en la Policía... ni, por supuesto, en la cúpula del CESID) que aquello en lo que estaban enfrascados todos era una operación ilegal, una «guerra sucia a la española» montada desde las alcantarillas del Estado, una reprobable actuación de los poderes públicos en un Estado democrático y de Derecho... pero según ellos debía hacerse, debía solucionarse para siempre, a través de la misma (como habían solucionado ya semejantes situaciones otras naciones «civilizadas»), el tremendo y renuente problema del terrorismo vasco. Por el bien de todos los españoles.
Pero aunque en principio la sucia maniobra de los GAL, la mini-guerra atípica y vergonzante contra ETA concebida y planificada por los militares españoles, a imagen y semejanza de la puesta en marcha en Argentina (salvando todas las distancias) por los sicarios del general Videla, fue dirigida y controlada por los máximos jerarcas del CESID, la propia dinámica de la operación, su carácter irregular, el variopinto número de organismos implicados en la misma y la necesaria descentralización en su ejecución, hicieron que muy pronto fuera imposible un absoluto control del operativo por parte de la cúpula de ese alto órgano de Inteligencia del Estado adscrito al Ministerio de Defensa. Así, como consecuencia directa de ello, surgieron pequeños reinos de taifas, por lo que a su dirección y ejecución se refiere, en todos y cada uno de los escalones institucionales cooperantes y llegó la consabida chapuza nacional.
Así, el Ministerio del Interior (cuyos máximos dirigentes de la época también serían procesados en diversas causas relacionadas con la «guerra sucia» que comentamos) pronto empezaría a actuar por libre, al margen de la suprema autoridad del CESID (aunque, eso sí, respetando siempre las formas y la confidencialidad debidas), apoyándose sus responsables en la buena amistad y en las relaciones políticas fluidas que mantenían con el presidente del Gobierno. Y esta «independencia operativa» enseguida se trasladaría a sus Direcciones Generales de la Policía y Guardia Civil, que montarían rápidamente sus órganos de dirección intermedios y sus comandos operativos de mercenarios (Amedo y Domínguez) la primera, y grupos especiales de guardias civiles «fuera de la ley» (cuartel donostiarra de Intxaurrondo), la segunda,¡Ah, el Intxaurrondo de los años 1983-l986!, la ESMA española, con sus expeditivos procedimientos para obtener información y sus mecanismos atípicos para controlar y detener comandos etarras copiando sin ningún rubor el secuestro, la bañera, la picana, el asalto, el tiro en la nuca, la cal viva... de sus profesores argentinos. ¡Ah, el Intxaurrondo de los años 1983-1986, el «Fort Apache» de la Guardia Civil en el País Vasco, haciendo la guerra por su cuenta, la guerra sagrada y bien retribuida de los nuevos salvadores de la patria!
Este totum revolutum operativo de dirigentes, comandos operativos y servicios de Inteligencia del Estado, de los tres Ejércitos, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, de la Guardia Civil y de la Policía... explica bien a las claras el chapucero discurrir de la malhadada operación de guerra sucia montada en España contra ETA (policías que con todo descaro se juegan los dineros del Estado en el casino de Biarritz, que contratan mercenarios en Lisboa utilizando la Visa oro del Ministerio del Interior, que se inscriben en los hoteles donde se entrevistan con los asesinos a sueldo con sus nombres y apellidos reales... etc., etc.) y su desastroso final, con un trágico balance de secuestros, torturas, chantajes, extorsiones, 28 asesinatos... y ningún daño apreciable en la infraestructura de la organización independentista etarra. Un triste y despreciable resultado que, aparte de su ilegalidad y la responsabilidad penal que supuso para los en él implicados (no para todos, evidentemente, pues los máximos responsables todavía no han sido llevados ante la justicia), nos debe hacer reflexionar a todos cuantos respetamos la ley y la justicia en el marco del Estado de derecho en el que aspiramos a vivir.
Por cierto, en relación con las responsabilidades, todavía no aclaradas, en este deleznable asunto de los GAL convendría hacer, ya que en el presente libro estamos hablando preferentemente del rey Juan Carlos y las turbias maniobras político-militares auspiciadas por él y su entorno palaciego, algunas puntualizaciones muy importantes y varias acusaciones muy graves. Y la primera de esas puntualizaciones es afirmar rotundamente que el jefe del Estado español, el rey Juan Carlos I, siempre estuvo al tanto de la «guerra sucia» que preparaba el CESID para doblegar a los más radicales independentistas vascos, ya que mucho antes de que florecieran los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (a principios de 1983) recibió oportunamente, como lo recibieron todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el Informe/Propuesta de Estrategia Antiterrorista dirigido al Gobierno de Adolfo Suárez (ya mencionado en estas páginas), elaborado por ese supremo órgano de información del Estado en julio de 1978 y que aspiraba a involucrar al Estado democrático en la lucha irregular e ilegal contra la organización etarra. Como asimismo recibió años después el Borbón, en esa triste y recordada fecha de principios de 1983, como jefe del Estado y Comandante Supremo de las FAS, el documento confeccionado por los estrategas antiterroristas de «La Casa» (léase CESID) con idénticos fines y que después ha sido conocido en ambientes periodísticos e, incluso, judiciales como el «Acta Fundacional de los GAL»; algo que en esa ocasión sí recibiría el visto bueno del Gobierno, el presidido por el socialista Felipe González (y el correspondiente «nihil obstat» por parte del soberano) para introducirnos a todos los españoles en el laberinto indeseable del terrorismo de Estado.
Y no sólo estaría el rey Juan Carlos al tanto de la «guerra sucia» contra ETA a través de estos dos importantes documentos del CESID de 1978 y 1983 (dato éste que puede ser confirmado, a pesar del tiempo transcurrido, acudiendo a la documentación interna de ese alto organismo de Inteligencia del Estado e, incluso, analizando toda la precisa documentación que sobre los GAL y su estructura organizativa y de mando recibieron durante los años 80 los altos mandos de las Fuerzas Armadas y sus Estados Mayores), sino que antes, durante y después de cada una de sus acciones terroristas tuvo a su disposición, como la obtuvieron, precisa y oportunamente, los mas altos jerarcas del Ejército (los informes sobre las andanzas contra ETA de los pistoleros de la «democracia» española de los años 80 llegaban puntualmente no sólo al Estado Mayor del Ejército sino hasta el modesto escalón Brigada), toda la información que sobre estos grupos de justicieros con licencia para matar generaban tanto el Centro Superior de Información de la Defensa como las Divisiones de Inteligencia de los tres Ejércitos, el Estado Mayor de la Defensa y, por supuesto, los órganos de Inteligencia del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil.
El jefe del Estado español, el jefe supremo de sus Fuerzas Armadas, el máximo garante teórico del Estado de derecho, el adalid de la democracia española tras el esperpéntico 23-F, el rey Juan Carlos I, conociendo, como conocía, absolutamente todos los entresijos de la «guerra sucia» contra ETA, debió de actuar de inmediato frenando tal demencial proyecto. Era su ineludible obligación moral y política como máximo representante de un Estado democrático y, además, por exigencias de la propia Constitución que le marca taxativamente la misión de «arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las Instituciones.» ¿Y qué mejor manera de arbitrar y moderar el funcionamiento de una Institución como el Gobierno de la nación que evitando que se enfrascara en 28 asesinatos de Estado?
Y, sin embargo, el rey no hizo nada. Miró para otro lado, convirtiéndose, por omisión, en cómplice de las aventuras asesinas de los GAL y, por ende, en el máximo responsable de sus crímenes, secuestros y tropelías. A algún conspicuo ciudadano de buena fe le puede parecer muy duro esto que acabo de decir, pero la realidad objetiva es la que es. Y el jefe del Estado en cualquier país moderno, democrático y de derecho, que ostenta, además, la suprema jefatura de sus Fuerzas Armadas, aunque no gobierne directamente (aunque sí entre bambalinas) como es el caso de España, tiene unas muy claras exigencias éticas, morales y políticas. No se puede llamar andana y mirar hacia otro lado cuando las propias fuerzas de seguridad del Estado, pasándose por la entrepierna las leyes y normas básicas del Estado de derecho, asesinan a presuntos delincuentes e, incluso, por error, a gente honesta de la calle que nunca tuvo la mas mínima relación con la organización terrorista etarra...
Los españoles nos creemos muy cargados de razón cuando tachamos de asesinos, de genocidas, de escoria humana, a siniestros personajes de fuera como Pinochet, Milosevic, Videla, Hitler, Sadam Hussein, Gadafì... Sin embargo, nos cuesta muchísimo reconocer que aquí, en nuestro país, se han cometido, y no hace tantos años, en plena democracia, crímenes de Estado horrendos por los que nadie ha pagado todavía. No pagó en su momento el dictador Franco, ni pagaron después la pandilla de asesinos que se beneficiaron con su régimen y que luego se convertirían, por intereses personales, en demócratas advenedizos. Y tampoco han pagado muchas altas autoridades de la democracia que, como en estos flagrantes delitos de los GAL, creyeron que los atajos extralegales y las cloacas del Estado eran posibles caminos a transitar para acabar con la lacra del terrorismo etarra.
El juez Baltasar Garzón, el durante tantos años látigo judicial de la Audiencia Nacional para meter en vereda a los independentistas del norte y valeroso adalid de la justicia internacional contra genocidas y dictadores, debería haber mirado en su propia casa antes de meterse a perseguir crímenes cometidos muy lejos de nuestras fronteras. Y no debió dejarnos a todos los españoles en la insoportable duda de quién se encontraba detrás de su famosa «X» en el organigrama de los GAL. Por lo menos, para darnos una mejor y definitiva pista, debió pintar una coronita real encima de la enigmática letra... Porque mucha gente en este país ha venido colocando todos estos años en el lugar que no le correspondía, como jefe indiscutible de los GAL, al presidente del Gobierno de entonces, Felipe González. Y a cada cual lo suyo. Porque donde manda patrón no manda marinero, y hasta en las mafias asesinas y en las organizaciones criminales con licencia para matar es el jefe supremo el que debe responder ante la justicia si las cosas vienen mal dadas.
Es cierto que por debajo de la «X» de Garzón, por supuesto con corona real, muchas altas autoridades del Estado español estaban también al tanto de lo que ocurría en las cloacas de Interior y Defensa; entre ellas, los miembros del Gobierno, con su presidente al frente, y todos los mandos del Ejército que, con los mejores servicios secretos de la nación bajo su férula, conocían al detalle la siniestra planificación de una guerra asquerosa e impropia, se mire como se mire, de un Estado moderno. Pero, aunque nunca puede servir de justificación, estos altos mandos del Ejército (y de la Policía y la Guardia Civil) estuvieron siempre sometidos a la jerarquía, a la cadena de mando, al Gobierno de la nación que autorizó los asesinatos y al jefe supremo de los Ejércitos, al que, en definitiva, le correspondió siempre ser el primero en actuar y detener como fuera aquel delirio asesino. En conciencia y con el poder en la mano.
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