Los gobernantes de Arabia Saudí amenazaron con hacer más fácil para los terroristas atacar Londres, a menos que las investigaciones sobre la corrupción en sus negocios de armas se detuvieran, según documentos judiciales recientemente revelados.
Los archivos, secretos hasta hace poco, describen como se les dijo a los investigadores que se enfrentaban a "otro 7 / 7" y a la pérdida de "vidas británicas en las calles británicas", si seguían presionando con sus investigaciones. Los saudíes amenazaron con cortar la cooperación en materia de inteligencia.
El Príncipe Bandar, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Arabia Saudita, e hijo del Príncipe heredero, fue acusado en la corte judicial de ser el hombre detrás de las amenazas de no informar sobre terroristas suicidas. Se enfrenta a acusaciones de que él mismo tomó más de mil millones de £ en pagos secretos de la empresa de armas BAE Systems.
Se le acusó en los Tribunales de volar a Londres en diciembre de 2006 y de proferir amenazas que hicieron que el primer ministro, Tony Blair, forzara el fin de la investigación de la Serious Fraud Office (SFO) sobre las denuncias de soborno que envuelven a Bandar y su familia.
Las amenazas detuvieron la investigación sobre fraude, pero provocaron un clamor internacional, con acusaciones de que Gran Bretaña había roto tratados internacionales contra el soborno.
El Juez Moses, que conoce del caso civil con el Juez Sullivan, dijo que el gobierno parecía haber "cedido" después de las amenazas. Dijo que era "como si se hubiera puesto una pistola en la cabeza" del gobierno.
La investigación de la SFO comenzó en el 2004, cuando Robert Wardle, su director, estudió pruebas destapadas por el periódico The Guardian. Esto puso de manifiesto que pagos masivos secretos pasaron de la BAE a príncipes de Arabia Saudí, para promover negocios de armas.
Activistas que luchan contra la corrupción iniciaron una acción legal para anular la decisión de detener el caso. Ellos quieren reiniciar la investigación original, argumentando que el gobierno había cedido en el chantaje.
El juez dijo que le sorprendía que el gobierno no hubiera tratado de persuadir a los saudíes de retirar sus amenazas. Él dijo: "Si eso sucediera en nuestra jurisdicción [el Reino Unido], hubieran sido culpables de un delito".
Wardle dijo a la corte en una declaración como testigo: "La idea de suprimir la investigación iba en contra de todo mi instinto como fiscal. Quería ver donde llevaban las pruebas".
Sin embargo, unos documentos presentados en el tribunal pusieron de manifiesto que días después de que Bandar volara a Londres para presionar al gobierno, Blair escribió al fiscal general, Lord Goldsmith, y la SFO fue presionada para poner fin a su investigación.
Sin embargo, unos documentos presentados en el tribunal pusieron de manifiesto que días después de que Bandar volara a Londres para presionar al gobierno, Blair escribió al fiscal general, Lord Goldsmith, y la SFO fue presionada para poner fin a su investigación.
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