A finales de mayo del año 2016 Argentina se enfrentó a un acontecimiento sin precedentes. Por primera vez, un tribunal anunció que la Operación Cóndor fue una conspiración internacional para secuestrar y matar a la gente.
En este caso, un antiguo líder de la junta de 88 años de edad, el General Reynaldo Bignone, que gobernó entre 1982-1983, fue condenado a veinte años de prisión. Se le acusó de participar en una asociación ilegal, y de secuestro y de abuso de poder en relación con la desaparición forzada de más de 100 personas. Junto a él, catorce ex militares fueron condenados de ocho a veinticinco años de prisión por violaciones de los derechos humanos. El Coronel del ejército uruguayo Manuel Cordero Piacentini, torturó prisioneros en un taller de reparación en Buenos Aires, donde fueron llevados e interrogados muchos activistas de izquierda, no sólo por los argentinos, sino por personas de otros países.
La operación secreta iniciada por los EE.UU. fue lanzada en 1970 por seis dictaduras de América del Sur, que utilizaron su red de policía secreta con objeto de coordinar esfuerzos para encontrar a sus oponentes políticos en el extranjero y eliminarlos. Se cree que Augusto Pinochet en Chile, que atrajo a otros dictadores de América del Sur a este proceso, inició la Operación Cóndor en noviembre de 1975. Estos acontecimientos son descritos en libros y películas, así como en investigaciones periodísticas con detalles terribles, que recuerdan a las atrocidades de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Muchos disidentes de izquierda de los países en los que se llevó a cabo la Operación Cóndor buscaron refugio en países vecinos y en otros lugares, pero era mayormente inútil. Después, el programa secreto abandonó América Latina. El gobierno de Estados Unidos estableció más tarde que agentes chilenos participaron en la Operación Cóndor asesinando en Washington al ex embajador del país Orlando Letelier y su asistente estadounidense, Ronni Moffitt, en septiembre de 1976. Los agentes de la Operación Condor también buscaron a otros oponentes políticos en Europa para eliminarlos.
La evidencia clave fue la desclasificación de los datos del FBI enviados en 1976, que describen en detalle la conspiración para el intercambio de información de inteligencia y para eliminar a los activistas de izquierda en toda América del Sur.
De hecho, esta sentencia puede ser considerada como un hito importante, ya que por primera vez el tribunal demostró que la Operación Cóndor fue una conspiración criminal internacional, llevada a cabo con el apoyo de los EEUU en los regímenes de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
La propia investigación se inició en 1990, cuando las leyes de amnistía protegían a muchas de las personas acusadas. El Tribunal Supremo de Argentina canceló la amnistía en 2005 a petición del presidente Néstor Kirchner, que poco a poco comenzó a cambiar de rumbo desde una posición pro-estadounidense a una soberana.
Como muchos de los cuerpos de las víctimas no han sido encontrados, los fiscales argentinos dicen que las investigaciones sobre el ocultamiento de estas muertes continúan en la actualidad, y que los términos establecidos por la ley en este caso no son aplicables. Durante el juicio, varios acusados murieron de viejos y, al parecer, la justicia seguirá la persecución.
Sin embargo, el nuevo presidente proestadounidense Mauricio Macri podría alterar esta cuestión a petición de sus patronos de Washington. Como el precedente legal existe, y el sistema jurídico occidental se basa en los precedentes, el proceso puede avanzar más y afectar a los intereses de los EE.UU..
Después de todo, en general, los iniciadores de este terrorismo de estado y de la organización criminal transnacional eran los políticos estadounidenses, incluyendo a Henry Kissinger.
Existen datos de que al menos otros dos países apoyaron a los regímenes dictatoriales en Iberoamérica: Gran Bretaña e Israel. Ambos países suministraron y enviaron armas e instructores para suprimir la actividad de la guerrilla (ya que tenían experiencia útil en la represión contra los palestinos e irlandeses) y utilizaron sofisticadas técnicas en los métodos de interrogación, es decir, la tortura.
Esto debe ser considerado no sólo en los países que participaron en la Operación Cóndor, sino también en otras regiones implicadas en los proyectos de los Estados Unidos, que son crímenes cometidos contra los derechos humanos. Por supuesto, este es un mensaje para los actuales líderes del Estado de Ucrania y los servicios represivos que usurparon ilegalmente el poder en 2014 y que están implicados en homicidios, secuestros y tortura de civiles durante los últimos dos años. El último 14º informe del Grupo de Supervisión de la ONU sobre los derechos humanos, pone claramente de manifiesto el hecho de delitos graves cometidos por funcionarios de Ucrania y por grupos neonazis. Las autoridades rusas tienen una gran cantidad de datos también. Si los líderes de la junta de Kiev y los que llevan a cabo sus órdenes piensan que pueden contar con la erosión del sistema legal o con la protección de sus superiores en Washington, están profundamente equivocados. El ejemplo argentino es la confirmación de que en estos casos nunca es tarde para dar el toque final.
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